Mariano Valera asegura que una persona en situación de extrema vulnerabilidad que pidió atención en julio tiene cita para el 10 de octubre y denuncia usuarios que acumulan más de veinte llamadas sin conseguir contactar con su centro social. Los socialistas sostienen además que la Generalitat reclama al Ayuntamiento 50.158 euros vinculados a personal que no habría sido contratado.
Acceder a una ayuda destinada precisamente a responder ante una situación urgente puede requerir meses de espera en Elche. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este jueves retrasos superiores a tres meses para conseguir atención en los Servicios Sociales municipales y poder tramitar prestaciones de emergencia, además de dificultades reiteradas para contactar telefónicamente con algunos centros.
El portavoz adjunto del PSOE, Mariano Valera, ha expuesto el caso de una persona que, según la documentación trasladada a su grupo, se encuentra en situación de «extrema vulnerabilidad», solicitó atención durante el mes de julio y tiene asignada su cita para el próximo 10 de octubre. El concejal asegura que no se trata de la única queja recibida y habla de usuarios que han realizado más de veinte llamadas, con esperas de más de diez minutos antes de que la comunicación termine cortándose.
Las acusaciones proceden del PSOE y Elche Ahora no dispone por ahora de los datos municipales completos que permitan conocer cuál es el tiempo medio de espera en cada centro social. La denuncia, sin embargo, afecta a un servicio cuya propia definición oficial subraya precisamente su carácter urgente.
Ayudas para situaciones «de urgente necesidad»
El Ayuntamiento define sus ayudas de emergencia social como prestaciones económicas extraordinarias destinadas a personas o familias que atraviesan una situación «gravemente deteriorada, de urgente necesidad» o con problemas que afectan a su autonomía social y económica y que no pueden resolver con sus propios recursos. Para acceder a ellas es necesaria la intervención de los Servicios Sociales y un informe técnico que determine la necesidad de la ayuda.
La propia web municipal señala que estas prestaciones deben tramitarse a través del Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento —SIOA— o del centro social correspondiente al domicilio, donde se solicita cita con un trabajador o trabajadora social. Las Prestaciones Económicas Individualizadas aparecen además definidas por el Ayuntamiento como un derecho subjetivo en los términos establecidos por la Ley valenciana de Servicios Sociales Inclusivos.
Es precisamente ese itinerario previo el que convierte el tiempo de espera en una cuestión especialmente relevante: una persona puede necesitar primero ser atendida por los profesionales municipales antes de que pueda valorarse y tramitarse la prestación económica destinada a resolver su emergencia.
El PSOE habla de 50.158 euros reclamados por la Generalitat
La denuncia socialista introduce, además, una segunda cuestión relacionada directamente con la plantilla de Servicios Sociales.
Valera asegura que la Conselleria ha iniciado un procedimiento para reclamar al Ayuntamiento 50.158 euros por financiación correspondiente a personal que, según el PSOE, debía haber sido contratado para prestar estos servicios y finalmente no se incorporó. El concejal reclama explicaciones al alcalde, Pablo Ruz, sobre qué ocurrió con esos fondos y vincula la falta de contratación con los problemas actuales de atención.
Este extremo requiere una precisión importante. Elche Ahora ha podido confirmar que existe el Contrato Programa 2025-2028 mediante el que la Generalitat financia junto a las entidades locales los Servicios Sociales y, específicamente, los equipos profesionales de Atención Primaria. La documentación autonómica establece módulos de financiación de personal y obligaciones para las administraciones locales participantes.
Sin embargo, no hemos localizado entre la documentación pública consultada la resolución concreta que cuantifique en 50.158 euros el reintegro correspondiente al Ayuntamiento de Elche. Por tanto, esa cantidad debe atribuirse en este momento a la denuncia formulada por el PSOE y no presentarse como una devolución definitivamente acreditada hasta conocer el expediente de la Conselleria.
No es la primera polémica por fondos de Servicios Sociales
La discusión sobre la ejecución de fondos sociales ya tuvo un precedente este mismo año.
En enero, el PSOE denunció que el Ayuntamiento debía devolver más de 1,1 millones de euros correspondientes a financiación de Servicios Sociales. La mayor parte estaba relacionada, según la oposición, con cantidades no ejecutadas del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes.
Entonces sí hubo respuesta del gobierno municipal. La concejala de Acción Social, Celia Lastra, explicó que la devolución se debía fundamentalmente a retrasos en la licitación del contrato del SAD y sostuvo que la atención se había garantizado mientras tanto utilizando recursos municipales.
Desde entonces el Ayuntamiento ha adjudicado provisionalmente un nuevo contrato de Ayuda a Domicilio por más de 5,3 millones de euros anuales, destinado a atender a los aproximadamente 805 usuarios actuales y ampliar progresivamente la cobertura ante el incremento de la demanda.
El gobierno de PP y Vox también ha acometido este año una reorganización territorial de la Atención Primaria de Servicios Sociales, pasando de cuatro a siete zonas con el objetivo declarado de reducir la población atendida por cada equipo y ofrecer un servicio más cercano. El Ayuntamiento ha habilitado además un teléfono único de atención y prepara un nuevo centro de alrededor de 900 metros cuadrados para Pla-Norte.
Estas medidas forman parte de la versión y actuación del gobierno municipal y deben incorporarse al análisis de la situación. Lo que todavía falta conocer es si han conseguido reducir efectivamente los tiempos de espera.
El dato que el Ayuntamiento debe hacer público
El debate puede resolverse con información que está en manos del propio Ayuntamiento: cuántos días tarda de media una persona desde que solicita atención hasta que obtiene cita y cómo varía esa cifra entre los diferentes centros sociales.
Elche dispone de equipamientos repartidos por barrios como Carrús, Altabix, San Antón, Sector V o El Pla, además de atención en las pedanías. El directorio municipal señala expresamente que los centros sociales deben priorizar las necesidades «más urgentes y básicas».
Conocer únicamente una media global tampoco permitiría detectar posibles desigualdades territoriales. Resultaría necesario saber si una persona atendida por un determinado centro espera mucho más que otra residente en otra zona del municipio, cuál es la carga de expedientes de cada equipo y cuántos puestos profesionales están efectivamente cubiertos.
El gobierno municipal presentó el presupuesto de 2026 asegurando que las políticas sociales constituían uno de los ejes principales de las cuentas y que su objetivo era «poner a las personas en el centro». La efectividad de esa apuesta no puede medirse únicamente por las cantidades presupuestadas: también depende de que exista suficiente personal para transformar esas partidas en atención efectiva.
Hasta el cierre de esta información no hemos localizado una respuesta pública específica de la concejala de Acción Social, Celia Lastra, a la denuncia realizada este jueves por Mariano Valera.
