La PAH Elx-Crevillent cifra en 130 los desahucios registrados en Elche durante 2025. De ellos, 103 estuvieron relacionados con el alquiler y 27 con ejecuciones hipotecarias. La cifra vuelve a colocar el foco sobre un problema de vivienda mucho más cotidiano que la ocupación ilegal: prácticamente dos familias pierden cada semana su vivienda por conflictos relacionados con el alquiler.
Elche registró durante 2025 un total de 130 desahucios, según los datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Elx-Crevillent. De ellos, 103 estuvieron relacionados con alquileres y 27 con ejecuciones hipotecarias, lo que significa que cerca del 79% de los lanzamientos tuvo su origen en el arrendamiento. Traducido a una dimensión más comprensible, durante el último año se produjeron en la ciudad prácticamente dos desahucios relacionados con el alquiler cada semana.
El dato ofrece una fotografía muy distinta del problema de la vivienda respecto al debate político que durante las últimas semanas se ha instalado en Elche alrededor de la ocupación. Mientras PP y Vox han puesto en marcha una Oficina Antiokupación y han situado esta cuestión entre sus prioridades políticas, la PAH lleva meses advirtiendo de que el verdadero problema al que se enfrentan muchas familias ilicitanas es mucho más sencillo de explicar: el alquiler cada vez cuesta más, encontrar una vivienda resulta más difícil y cuando una familia pierde la que ocupa no siempre existe una alternativa a la que trasladarse. La plataforma considera que la ocupación ilegal es un fenómeno minoritario frente a las dificultades para acceder o mantenerse en una vivienda de alquiler.
Los propios datos de los desahucios permiten entender el cambio que se ha producido durante los últimos años. Las ejecuciones hipotecarias, que protagonizaron buena parte de la crisis inmobiliaria posterior a 2008, representan ahora una parte mucho menor de los lanzamientos. En Elche fueron 27 durante 2025. Los desahucios relacionados con el alquiler fueron casi cuatro veces más: 103. El problema ya no está únicamente en perder una vivienda porque no puede afrontarse una hipoteca. Cada vez con mayor frecuencia está en no poder mantener un alquiler o en llegar al final de un contrato sin capacidad económica para acceder a otro inmueble en las condiciones actuales del mercado.
La situación se produce, además, en un momento en el que el precio del alquiler en Elche se encuentra en máximos históricos. El precio ofertado ha pasado de aproximadamente 5,8 euros por metro cuadrado en agosto de 2021 a 10,1 euros en agosto de 2026. Aunque Idealista modificó recientemente su metodología y las comparaciones de largo plazo deben interpretarse con cautela, la subida ya era evidente antes de ese cambio: en agosto de 2025 el precio rondaba los 9,5 euros por metro cuadrado. Para una vivienda de 80 metros cuadrados, hablar de pasar de unos 460 euros mensuales a alrededor de 800 supone una transformación completa de la capacidad de acceso para una familia con ingresos bajos o medios.
La PAH lleva tiempo alertando precisamente de que ya no basta con disponer de ingresos para encontrar una vivienda. Los propietarios pueden exigir nóminas estables, seguros de impago, garantías adicionales y cantidades iniciales difíciles de asumir para muchas familias, mientras la oferta disponible se reduce y una parte creciente del mercado se mueve en precios alejados de los salarios habituales. La plataforma ha denunciado que incluso personas con empleo y capacidad para afrontar una mensualidad quedan fuera del mercado por no cumplir los requisitos exigidos para firmar un contrato.
El problema se vuelve especialmente grave cuando se ejecuta un desahucio. El pasado mes de junio, por ejemplo, la PAH denunció el lanzamiento de una familia con cuatro menores en una vivienda de la calle Fernanda Santamaría. Según la organización, la familia había solicitado un alquiler social y trasladado su situación a Servicios Sociales, pero el lanzamiento terminó ejecutándose sin que dispusiera de una alternativa habitacional. La plataforma señaló entonces que una de las pocas posibilidades inmediatas era alojarse temporalmente con familiares.
Esta es precisamente una de las principales reclamaciones que la PAH dirige al Ayuntamiento: no basta con intervenir cuando el desahucio está a punto de ejecutarse. El problema está en qué ocurre después. La organización reclama más vivienda pública, alternativas habitacionales y mecanismos que permitan incorporar viviendas privadas al mercado de alquiler ofreciendo garantías tanto a propietarios como a inquilinos. También denuncia que lleva dos años sin mantener una reunión con el Ayuntamiento pese a que, según la plataforma, existía el compromiso de celebrar encuentros periódicos.
El contraste con la nueva Oficina Antiokupación resulta especialmente significativo. El Ayuntamiento ha utilizado como referencia 159 casos registrados por la Policía Local durante 2026, pero el propio concejal de Vox Samuel Ruiz ha reconocido que buena parte de esos expedientes están relacionados con impagos de alquiler. Es decir, la cifra presentada políticamente como vinculada a la “okupación” no equivale a 159 allanamientos de morada ni a 159 usurpaciones ilegales. La PAH, por su parte, utiliza otro dato para cuestionar la dimensión del fenómeno: durante 2025 se presentaron 39 demandas por ocupación en toda la provincia de Alicante y la plataforma estima que, proporcionalmente, a Elche corresponderían alrededor de cinco casos. Es una estimación de la organización, no un dato oficial municipal, pero muestra la enorme distancia existente entre las cifras utilizadas en el debate político.
Lo que sí sabemos con bastante más claridad es que 130 personas o familias afrontaron un desahucio en Elche durante 2025 según los datos de la PAH y que 103 de esos procedimientos estuvieron relacionados con el alquiler. No estamos hablando de una posibilidad futura, ni de una percepción de inseguridad, sino de lanzamientos que terminaron produciéndose. Mientras el debate sobre la ocupación gira en buena medida alrededor del riesgo de que alguien pueda perder temporalmente el control sobre una propiedad, los desahucios representan exactamente el recorrido contrario: personas que ya vivían legalmente en una vivienda terminan perdiendo el derecho a permanecer en ella.
No todos los desahucios responden a las mismas circunstancias y sería incorrecto presentar a todos los inquilinos afectados como hogares vulnerables. Existen impagos prolongados, finalizaciones de contrato, conflictos entre propietarios e inquilinos y situaciones muy distintas entre sí. Del mismo modo, un propietario tiene derecho a reclamar judicialmente una vivienda cuando existen causas legales para hacerlo. Pero los números permiten identificar dónde se encuentra uno de los principales focos de tensión residencial en la ciudad: ocho de cada diez desahucios registrados durante 2025 están relacionados con el alquiler.
La cuestión adquiere todavía más relevancia cuando la propia política municipal de vivienda sigue sin ofrecer una alternativa inmediata para buena parte de quienes pierden su casa. Las promociones de alquiler público anunciadas por el Ayuntamiento todavía no están disponibles y el grueso del Plan Casa Fácil se destinará a vivienda protegida en régimen de venta. Mientras tanto, las ayudas económicas presupuestadas no resuelven por sí mismas un mercado en el que la renta ha subido de forma extraordinaria durante los últimos años.
Elche tiene, por tanto, un problema de vivienda que puede medirse sin necesidad de recurrir a percepciones. Puede medirse en precios de alquiler, puede medirse en familias que no encuentran vivienda y puede medirse también en desahucios. En 2025 fueron 130. En 103 casos el alquiler estuvo detrás del lanzamiento. Prácticamente dos cada semana.
Mientras el Ayuntamiento abre una oficina específica para combatir la ocupación, esa otra cifra merece al menos la misma atención política: la de quienes no entran ilegalmente en una vivienda, sino la de quienes, después de haber vivido legalmente en ella, terminan saliendo por orden judicial.
