Pablo Ruz ha anunciado una segunda fase del Plan Casa Fácil con 1.161 viviendas previstas, pero el nuevo proyecto todavía no aclara cuántas serán de alquiler público ni en qué condiciones podrán acceder a ellas los jóvenes ilicitanos. El precedente de Casa Fácil I muestra por qué importa esa distinción: de las 240 viviendas de la primera fase, únicamente 48 pasarán a manos de PIMESA para destinarlas al alquiler. Las otras 192 quedarán para la venta por parte de las promotoras adjudicatarias.
La presentación de Casa Fácil II tuvo lugar el 9 de octubre, durante el acto institucional de la Comunitat Valenciana. El alcalde vinculó la nueva fase a la previsión de construir 1.161 viviendas mediante el cambio de uso de seis solares dotacionales. Sin embargo, el anuncio no detalló el reparto entre alquiler y venta, los precios, los requisitos de acceso ni los plazos de entrega. Son cuestiones decisivas para saber a quién beneficiará realmente el proyecto.
De 240 viviendas, solo 48 para el alquiler municipal
La primera fase de Casa Fácil se articula mediante la transmisión de cuatro parcelas de PIMESA a cambio de una parte de las viviendas futuras. No se trata de 240 pisos que vayan a integrarse en el parque público: las empresas construirán las promociones y comercializarán la mayor parte de ellas.
Según la documentación de la empresa municipal, Fama Rehabilitaciones levantará 181 viviendas y entregará 37 a PIMESA. Alcudia Servicios y Obras construirá otras 59 y entregará 11. En total, 48 viviendas públicas para alquiler frente a 192 de comercialización privada, aunque estas últimas estén sometidas al régimen de vivienda protegida.
La distinción es relevante: vivienda protegida no significa vivienda propiedad del Ayuntamiento. La venta de esos inmuebles no amplía el parque municipal de alquiler, que permite atender a quienes no cuentan con ahorros suficientes o acceso a una hipoteca para comprar.
Viviendas en venta con precios que rondan los 250.000 euros
Los precios previstos para la venta han sido otro foco de controversia. En febrero, el portavoz socialista, Héctor Díez, cifró en 255.600 euros, IVA incluido y sin garaje ni trastero, una vivienda de tres dormitorios del sector E-27, según la revisión de los expedientes recogida por elDiario.es. Posteriormente, el 29 de septiembre, Ruz situó en torno a 240.000 euros el precio máximo de determinadas viviendas de tres dormitorios con garaje y trastero, según Radio Elche. Las cifras responden a referencias y conceptos distintos, pero muestran el esfuerzo económico que puede exigir la compra.
Los terrenos de partida son de propiedad municipal, mientras que la parte mayoritaria de la promoción quedará en manos de las empresas que los reciben a través de la operación. Las 48 viviendas reservadas a PIMESA constituyen la contraprestación que obtiene la empresa pública por las parcelas, no una cesión gratuita de las constructoras.
Las viviendas de alquiler de la primera fase todavía no están disponibles
A esa diferencia entre alquiler y venta se suma otra: la distancia entre lo anunciado y lo entregado. Las viviendas de Casa Fácil I no son pisos ya disponibles. La información de PIMESA mantenía pendiente el pliego que debe fijar las condiciones de comercialización de sus 48 viviendas de alquiler, mientras las empresas adjudicatarias tramitaban las licencias de obra.
Por ello, las 1.161 viviendas anunciadas para Casa Fácil II no pueden presentarse como otras tantas viviendas de alquiler público disponibles para la juventud. El Ayuntamiento deberá precisar cuántas conservará PIMESA, cuántas se destinarán a la venta, qué rentas y precios tendrán y cuándo podrán ocuparse.
La experiencia de la primera fase deja un dato concreto: de cada cinco viviendas previstas, solo una se incorporará al alquiler municipal. El alcance de Casa Fácil II dependerá de su reparto real, no únicamente de la cifra global anunciada.
