El cierre de la clínica dental Gab-o Oralis de la calle Blas Valero de Elche se enmarca en una crisis de liquidez del grupo Aestes que ha frustrado la venta de parte de su red de centros. A la incertidumbre de los pacientes que han dejado tratamientos a medias se suma una aclaración pública del doctor Mariano Follana: el profesional afirma que ya no es propietario de las clínicas de Elche y Almoradí y que la decisión de suspender la actividad corresponde a la administración concursal, no a él.
Elche Ahora informó el 27 de octubre de la suspensión de actividad de Gab-o en Blas Valero, 23, y de la existencia de tratamientos pagados que habían quedado interrumpidos. La novedad de este viernes 30 y sábado 31 de octubre es la explicación pública sobre la propiedad y la evolución de la operación empresarial que aspiraba a mantener en marcha una parte de la red. Por ahora no hay una fecha confirmada de reapertura de la consulta ilicitana.
La oferta para comprar 61 clínicas venció el 21 de octubre
Aestes es el grupo empresarial al que están vinculadas las marcas Oralis y Vivanta. La compra de 61 clínicas por parte de una sociedad relacionada con Donte Group, propietario de Vitaldent, era una de las alternativas planteadas para preservar actividad en la red. Según la información económica difundida por Cinco Días el 24 de octubre, la propuesta expiró el 21 de octubre sin ejecutarse.
La operación contemplaba la continuidad de 656 puestos de trabajo y el tratamiento de alrededor de 30.000 pacientes, pero esas cifras describen el alcance del plan que se intentó negociar: no son empleos o tratamientos cuya continuidad haya quedado asegurada. La oferta quedó condicionada por un conflicto sobre las obligaciones que asumiría un comprador respecto de los 40 millones de euros de financiación pública concedidos al grupo en 2022.
La cuestión se ha abordado en el procedimiento concursal. El juzgado consultó a la Comisión Europea aspectos de la operación y de la devolución de las ayudas. Una cosa es el cierre de la oferta que venció en octubre y otra la situación jurídica definitiva de las clínicas: de las informaciones disponibles no puede deducirse que se haya aprobado ya una solución alternativa, que la venta vaya a reactivarse ni que los pacientes puedan volver a sus consultas habituales en una fecha concreta. Cinco Días informó el 26 de octubre de la suspensión de actividad de la red Vivanta en ese contexto.
Follana afirma que vendió las clínicas y que no decidió el cierre
En una declaración difundida el 30 de octubre por Elche 7TV, Mariano Follana manifestó que dejó de ser propietario de los centros de Elche y Almoradí al integrarse estos en el grupo Aestes. Según su versión, continuó vinculado profesionalmente a las clínicas, pero la decisión de cierre fue adoptada por la administración concursal. También expresó su preocupación por pacientes y trabajadores.
Se trata de la explicación pública del propio profesional, que no sustituye al examen de los documentos societarios y concursales. La crisis del grupo no demuestra por sí misma que cada clínica afectada fuese deficitaria ni permite atribuir responsabilidades individuales sin documentación específica. Un análisis de Alicante Plaza publicado el 31 de octubre sitúa los cierres de Elche y Almoradí dentro de la estructura de sociedades de Aestes y recuerda que las cuentas de las sociedades matrices no permiten determinar automáticamente el resultado económico de cada establecimiento.
Qué pueden hacer los pacientes con tratamientos interrumpidos
Mientras no exista una solución empresarial confirmada, lo urgente para los afectados es conservar la documentación y garantizar que puedan recibir continuidad asistencial. La Organización de Consumidores y Usuarios ha recomendado guardar contratos, presupuestos, facturas y justificantes de pago, presentar reclamaciones por escrito y solicitar el historial y las pruebas clínicas necesarias para seguir el tratamiento con otro profesional.
En el caso de un tratamiento pagado mediante un crédito vinculado, la recomendación de la OCU es reclamar también a la entidad financiera, de forma que quede constancia de que el servicio contratado ha dejado de prestarse. La posible suspensión de pagos o recuperación de cantidades dependerá del contrato, de la relación entre financiación y servicio y de la situación concreta de cada reclamación; no debe darse por supuesta una cancelación automática.
La información de Radio Elche-Cadena SER del 28 de octubre apuntaba a más de 660 afectados organizados para compartir información y reclamar soluciones. Esa cifra se refiere a las personas agrupadas entonces, no necesariamente al número total de pacientes afectados por la suspensión.
Las personas que precisan seguimiento urgente —por ejemplo, durante un tratamiento de ortodoncia— deberían solicitar cuanto antes una valoración clínica independiente, además de realizar las reclamaciones de consumo. La vía asistencial y la reclamación económica son asuntos distintos: conservar los justificantes permite documentar ambos.
Fuentes contrastadas: Elche 7TV (30/10/2026), Alicante Plaza (31/10/2026), Cinco Días (24 y 26/10/2026), Radio Elche-Cadena SER (28/10/2026), información oficial de la ubicación de la clínica y noticia anterior de Elche Ahora (27/10/2026). Imagen destacada: ortofotografía real de archivo del entorno de la calle Blas Valero, no fotografía del cierre, PNOA / IGN-CNIG (CC BY 4.0).
