Los socialistas quieren comprobar cuántos de los asuntos contabilizados corresponden a ocupaciones ilegales y cuántos responden a conflictos diferentes, como impagos de alquiler
El PSOE de Elche solicitará acceso a los expedientes de la recién estrenada Oficina Antiokupación para conocer qué tipo de casos está atendiendo realmente el nuevo servicio municipal y determinar cuántos corresponden efectivamente a ocupaciones ilegales de viviendas.
La iniciativa llega apenas un día después de que el Ayuntamiento pusiera en funcionamiento la oficina, instalada en la Casa de la Hortxata, con asistencia jurídica prestada por profesionales del Colegio de Abogados de Elche.
El grupo socialista centra sus dudas en los datos utilizados para justificar la creación del servicio.
Según la información difundida durante su puesta en marcha, la Policía Local ha contabilizado 159 casos durante 2026, pero esa cifra no equivale a 159 ocupaciones ilegales de viviendas.
Dentro de los asuntos contabilizados aparecen también otras situaciones relacionadas con inmuebles, entre ellas conflictos derivados de impagos de alquiler.
Precisamente ese desglose es el que ahora quiere conocer el PSOE.
Saber qué hay detrás de los 159 casos
El portavoz socialista, Héctor Díez, ha anunciado que su grupo pedirá los expedientes vinculados a la oficina con el objetivo de analizar la naturaleza de las consultas y actuaciones.
El PSOE reconoce que existen casos de ocupación ilegal en Elche, pero cuestiona que los datos disponibles permitan concluir que se trate de un fenómeno generalizado en la ciudad.
La petición de documentación permitirá comprobar una cuestión que todavía no ha quedado aclarada públicamente: cuántos de esos 159 casos corresponden a ocupaciones ilegales, cuántos a impagos de alquiler y cuántos a otro tipo de conflictos relacionados con viviendas.
Será ese desglose, más que la cifra agregada, el que permita medir el alcance real del fenómeno atendido por el Ayuntamiento.
Una oficina que funcionará inicialmente hasta diciembre
El servicio municipal comenzó a funcionar este lunes mediante un convenio con el Colegio de Abogados de Elche, cuyos letrados se encargan del asesoramiento jurídico.
La oficina ofrece orientación legal gratuita, asesoramiento en las primeras fases de una posible ocupación ilegal y acompañamiento durante los procedimientos administrativos o judiciales correspondientes.
Según la información difundida en su puesta en marcha, alrededor de 30 abogados participarán en la prestación.
El convenio tiene un coste de algo más de 8.300 euros y permitirá mantener el servicio abierto inicialmente hasta diciembre.
En ese momento, el Ayuntamiento prevé evaluar su funcionamiento antes de decidir si continúa en futuros presupuestos.
El debate político alrededor de la oficina
La creación de la Oficina Antiokupación formó parte de los compromisos defendidos por Vox dentro del gobierno municipal de coalición con el Partido Popular.
El concejal de Promoción Económica y portavoz adjunto de Vox, Samuel Ruiz, presentó el lunes el servicio y defendió que permitirá ofrecer una respuesta jurídica temprana a los propietarios afectados.
El PSOE mantiene una valoración diferente y cuestiona la necesidad de dedicar recursos municipales a una oficina específica en lugar de utilizar otros servicios públicos de asesoramiento.
Ambas posiciones forman parte del debate político sobre el nuevo recurso municipal. La documentación que ahora reclama el grupo socialista puede aportar, sin embargo, un elemento verificable para evaluar su funcionamiento: qué problemas concretos llegan a la oficina y cuántos son realmente ocupaciones ilegales.
La oficina apenas acaba de abrir sus puertas, por lo que todavía no existe una evaluación de resultados.
La primera prueba llegará cuando pueda conocerse el contenido estadístico de los expedientes y no únicamente el número global utilizado hasta ahora.
