Víctor Soriano, asesor de la secretaria primera del Senado, reaccionó así ante las críticas por el desahucio de la mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en su casa
El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada este miércoles de la vivienda de Madrid en la que llevaba viviendo más de siete décadas, ha dejado también una polémica con conexión directa con la provincia de Alicante. Víctor Soriano, abogado y asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado que ocupa la senadora alicantina del PP Eva Ortiz, reaccionó en redes sociales al caso asegurando que «tener 87 años no te da derecho a vivir a costa de otros en una vivienda noble de un barrio burgués».
Soriano escribió el mensaje como respuesta a un usuario que calificaba de «violencia» que se pretendiera elevar el alquiler de Maricarmen desde los alrededor de 500 euros que venía pagando hasta los 2.600 euros mensuales. La respuesta del asesor fue tajante: «Tener 87 años no te da derecho a vivir a costa de otros en una vivienda noble de un barrio burgués».
Las palabras se produjeron después de que Maricarmen fuera finalmente desahuciada de su vivienda. La mujer, con problemas de movilidad y obligada a desplazarse en silla de ruedas, llevaba viviendo allí desde 1956. La propiedad había planteado un alquiler de 2.650 euros mensuales frente a los aproximadamente 500 que abonaba hasta entonces, una cantidad imposible de asumir con una pensión que ronda los 1.350 euros. El lanzamiento terminó ejecutándose pese a las movilizaciones vecinales y después de que una donante se hubiera ofrecido incluso a asumir la diferencia del alquiler para que pudiera permanecer en su casa.
Un asesor pagado con fondos públicos
Víctor Soriano no ocupa un cargo electo. Está contratado como asesor de la secretaria primera de la Mesa del Senado, Eva Ortiz, senadora del Partido Popular elegida por Alicante. Según las informaciones publicadas sobre su contratación, percibe 56.937 euros anuales de fondos públicos por su puesto en la Cámara Alta, que ocupa desde enero de 2024. El Partido Popular ha defendido anteriormente que Soriano no es formalmente asesor del partido ni de su grupo parlamentario, sino asistente de un miembro de la Mesa del Senado.
Su contratación ya había generado polémica anteriormente. Soriano ha ejercido como abogado de Manos Limpias en la causa contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al mismo tiempo que mantenía su puesto remunerado en el Senado. La compatibilidad de ambas actividades llegó a ser cuestionada por el PSOE y la Mesa de la Cámara dejó en manos de Eva Ortiz la decisión sobre la continuidad y compatibilidad de su asesor.
El perfil profesional de Soriano tiene además relación directa con el negocio inmobiliario. Es cofundador del despacho Soriano i Piqueras, que representa a Business Decision and Advice SL en un proyecto de alojamientos turísticos en los bajos de un residencial de Benicalap, en València. El proyecto ha provocado un conflicto con vecinos del edificio por las actuaciones realizadas en zonas comunes. Soriano ha defendido públicamente la legalidad de las obras y ha denunciado lo que considera una «persecución del turismo y de la inversión extranjera».
