La investigación judicial del atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola ha dado un nuevo paso. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado el procesamiento de cuatro antiguos responsables de la organización terrorista por su presunta participación en la preparación y sostenimiento del ataque del 4 de agosto de 2002, que acabó con la vida de dos personas.
Los nuevos procesados son María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’; Juan Antonio Olarra Guridi; Félix Ignacio Esparza Luri; y Ainhoa Múgica Goñi. El auto amplía la causa, en la que ya figuraban otros dos antiguos dirigentes, Mikel Albisu y Ramón Sagarzazu, procesados en 2024. El procesamiento es una decisión de la fase de instrucción y no equivale a una condena.
La investigación mira más allá de los autores materiales
El magistrado considera que existen indicios suficientes para investigar la posible responsabilidad de quienes ocupaban puestos de dirección en ETA, además de la de quienes ejecutaron materialmente el atentado. La resolución sitúa el foco en la coordinación del aparato militar, el suministro de los medios empleados y la financiación de la organización.
De acuerdo con el contenido del auto recogido por RTVE y Europa Press, Olarra Guridi y Múgica dirigían la estructura militar denominada Otsagi, vinculada al control y abastecimiento de los comandos. Esparza estaba al frente del aparato logístico y a Iparraguirre se le atribuyen funciones dentro de la estructura financiera. La investigación examina la relación de esas responsabilidades con la preparación del coche bomba, la documentación falsa y el material explosivo.
La cuestión judicial es determinar si esos cometidos permiten atribuir responsabilidad penal por el ataque de Santa Pola a quienes formaban parte de la dirección de la banda. Los autores materiales del atentado ya fueron condenados en 2012; esta nueva línea de investigación se ocupa de la eventual intervención de otros responsables de la organización.
Silvia Martínez y Cecilio Gallego, las dos víctimas mortales
El 4 de agosto de 2002, la explosión de un coche bomba junto a la casa cuartel de Santa Pola mató a Silvia Martínez Santiago, de seis años, que se encontraba en su vivienda, y a Cecilio Gallego Alaminos, de 57, que esperaba un autobús en las proximidades. El atentado dejó, además, decenas de personas heridas y causó importantes daños en el entorno.
La localidad continúa recordando a las víctimas cada aniversario. La nueva decisión judicial llega más de veinticuatro años después de los hechos y vuelve a poner el foco en la cadena de responsabilidades que hizo posible el ataque.
Una causa reabierta para examinar la responsabilidad de la dirección
La investigación sobre la presunta implicación de la cúpula de ETA se reactivó en 2022 a raíz de una querella de la asociación Dignidad y Justicia. Dos antiguos dirigentes fueron procesados en 2024 y, ahora, el juez incorpora a otros cuatro. Será el procedimiento judicial el que determine el alcance de los indicios y las responsabilidades que, en su caso, puedan acreditarse con las debidas garantías.
La decisión fue difundida el jueves 22 de octubre de 2026. Su contenido ha sido contrastado con las informaciones de RTVE, Europa Press y Onda Cero Elche.
