Este jueves, 29 de octubre de 2026, se cumplen dos años de las inundaciones que arrasaron decenas de municipios de la provincia de Valencia. La fecha vuelve a poner en primer plano a las familias de las víctimas, las responsabilidades todavía sometidas a investigación y una pregunta que trasciende las localidades directamente afectadas: si las administraciones y la ciudadanía están hoy mejor preparadas para reaccionar ante una avenida repentina. El balance de víctimas mortales reconocidas judicialmente asciende a 233 personas, después de que el juzgado de Catarroja incorporara un fallecimiento más el pasado 29 de septiembre.
Elche no fue uno de los municipios devastados por aquella crecida, pero sí participó en la respuesta solidaria a la emergencia. Dos años después, el municipio también ha anunciado nuevas medidas para detectar el peligro en barrancos y avisar con rapidez a la población. Son dos dimensiones diferentes de una misma historia: el recuerdo de la tragedia y las obligaciones de prevención.
233 víctimas y una investigación que sigue abierta
La catástrofe del 29 de octubre de 2024 afectó especialmente a localidades como Paiporta, Catarroja, Massanassa y otros municipios de l’Horta Sud, además de distintas zonas del interior valenciano. Las lluvias intensas, las escorrentías y los desbordamientos transformaron calles, bajos y garajes en lugares de extremo peligro. Hubo víctimas en viviendas, edificios y vehículos, y enormes daños materiales que se prolongaron mucho más allá de las horas de lluvia.
La cifra de fallecidos no ha permanecido invariable. RTVE informó el 29 de septiembre de 2026 de que la jueza que instruye la causa elevó a 233 el número de víctimas al reconocer el fallecimiento de una mujer de Catarroja relacionado con las lesiones sufridas durante la inundación. La decisión subraya que el alcance humano de una catástrofe no siempre queda cerrado en los primeros recuentos.
Las circunstancias de la respuesta institucional y del envío de los avisos a teléfonos móviles continúan siendo objeto de investigación y debate público. Una reconstrucción publicada este mismo jueves por EL PAÍS, basada en documentos del procedimiento y testimonios, sitúa 182 de las muertes antes del primer mensaje masivo ES-Alert, enviado a las 20.11 horas. Se trata de un análisis periodístico de la cronología, no de una resolución judicial que determine por sí sola la responsabilidad penal de personas concretas.
La cuestión de fondo es cuándo se dispone de información suficiente sobre un riesgo, cómo se transforma esa información en decisiones y si las instrucciones transmitidas permiten protegerse. Un aviso temprano y comprensible puede marcar diferencias decisivas, pero debe ir acompañado de planificación, conocimiento de las zonas inundables y medios para atender a las personas con mayores dificultades de movilidad.
La respuesta de Elche en 2024
La solidaridad se organizó rápidamente en Elche. El 31 de octubre de 2024, apenas dos días después de la tragedia, el Ayuntamiento anunció un dispositivo de recogida de alimentos y artículos de primera necesidad en colaboración con la Fundación Conciénciate, con puntos habilitados en Altabix, el Raval, Carrús, Torrellano y Poeta Miguel Hernández, además de la propia sede de la entidad.
La comunicación municipal de aquel 31 de octubre detallaba la recogida de mantas, productos de higiene, agua, alimentos y herramientas para las tareas de limpieza, y explicaba que se coordinarían los envíos a las poblaciones afectadas. El dispositivo fue una muestra de la movilización de asociaciones, voluntariado y vecinos para responder a una emergencia ocurrida fuera del término municipal.
La conmemoración de este 29 de octubre no debería reducir esa movilización a una sucesión de cifras o a una imagen puntual. Las personas que perdieron familiares, negocios, casas y recuerdos siguen siendo las protagonistas de la historia. La solidaridad sirve para sostener la recuperación, pero no sustituye la obligación de reducir la exposición al riesgo antes de la siguiente emergencia.
Qué ha anunciado Elche para vigilar los barrancos
La prevención también tiene una vertiente local. El 28 de julio de 2026, el Ayuntamiento comunicó la instalación de nuevas sirenas y cámaras de vigilancia en puntos considerados de mayor riesgo de inundación. Entre los emplazamientos citó el barranco de San Antón y vinculó el despliegue al trabajo del Centro de Coordinación Operativa Municipal, el CECOPAL.
Según la nota de prensa municipal de julio, el objetivo es mejorar el seguimiento de las crecidas y emitir avisos a las zonas expuestas. El equipo de gobierno afirmó entonces que todo el sistema estaría operativo antes de septiembre de 2026. El anuncio de ese plazo no equivale a una comprobación independiente de que todos los dispositivos estén hoy funcionando; para evaluar su utilidad real harían falta información actualizada sobre puesta en servicio, pruebas realizadas y protocolos de activación.
La experiencia de 2024 recuerda además que la capacidad técnica no es suficiente si las advertencias no llegan a tiempo o no indican con claridad qué hacer. En una inundación súbita, entrar a un garaje, atravesar una rambla con el coche o intentar recuperar objetos en un bajo puede resultar mortal. Las recomendaciones deben adaptarse a cada situación y seguir siempre las instrucciones oficiales de emergencias.
Memoria, prevención y responsabilidades
El aniversario llega en una Comunitat Valenciana donde el impacto de las lluvias intensas sigue condicionando infraestructuras, decisiones administrativas y la vida cotidiana de muchos municipios. Recordar lo ocurrido obliga a distinguir tres planos: el duelo y la reparación a las víctimas; el esclarecimiento de las decisiones adoptadas durante la emergencia; y la comprobación pública de que las medidas preventivas anunciadas se ejecutan y se ensayan.
Para Elche, esa última parte pasa por conocer qué barrancos y pasos pueden quedar cortados, cómo se comunican los cierres, qué cobertura alcanzan las sirenas, qué papel corresponde al CECOPAL y cómo reciben la información quienes tienen dificultades para utilizar canales digitales. La transparencia sobre esos extremos permite evaluar la preparación municipal sin confundir anuncios con resultados.
Dos años después, las 233 víctimas reconocidas reclaman memoria y verdad. La mejor manera de honrarlas también exige que las lecciones de la dana se traduzcan en decisiones verificables antes de que vuelva a producirse una situación de riesgo.
Fuentes y documentación
RTVE: actualización judicial de las víctimas (29/09/2026); Ayuntamiento de Elche: dispositivo solidario (31/10/2024); Ayuntamiento de Elche: instalación de alarmas (28/07/2026); EL PAÍS: análisis del sumario y cronología de los ES-Alert (29/10/2026). Fotografía: imagen del 30 de octubre de 2024, NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin y datos Landsat/USGS, dominio público.
