El Ayuntamiento concede directamente la subvención al Colegio de Abogados mientras atribuye la gestión ordinaria del servicio al personal de Promoción Económica, una concejalía cuyas funciones oficiales se centran en empleo, formación, empresas y emprendimiento.
La puesta en marcha de la Oficina de Orientación Jurídica frente a la Ocupación Ilegal de Inmuebles de Elche deja varias preguntas abiertas sobre su encaje dentro de la estructura municipal y sobre el destino de los 8.350 euros de dinero público que el Ayuntamiento ha concedido directamente al Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE). El servicio, una de las medidas impulsadas por Vox dentro del gobierno municipal, funciona desde esta semana y permanecerá inicialmente activo hasta el 31 de diciembre, pero no está gestionado directamente por el Colegio de Abogados: según la propia información difundida sobre su puesta en marcha, es el personal de la Concejalía de Promoción Económica quien se encarga de gestionar la oficina y actuar como enlace con los letrados especializados.
El dato resulta especialmente relevante porque las funciones oficialmente publicadas de Promoción Económica, Formación y Empleo no incluyen competencias en materia de vivienda, ocupación de inmuebles, seguridad ciudadana ni asesoramiento jurídico. La propia web municipal define el departamento como responsable de impulsar la creación y consolidación de empresas, fomentar el empleo y la formación, promover el emprendimiento, favorecer la dinamización económica y atraer inversiones. Samuel Ruiz, concejal de Vox responsable del área, figura oficialmente como concejal de Promoción Económica, Formación y Empleo, sin que entre las competencias publicadas de su departamento aparezca ninguna relacionada específicamente con vivienda o conflictos derivados de la ocupación de inmuebles.
Pese a ello, la Oficina Antiokupación ha quedado adscrita precisamente a este departamento y se presta desde las dependencias de Promoción Económica en la Casa de la Orxata. Son, además, trabajadores municipales de esta concejalía quienes realizan la atención inicial y canalizan las consultas hacia el Colegio de Abogados cuando se requiere asesoramiento jurídico especializado. El modelo elegido implica, por tanto, que el Ayuntamiento aporta las instalaciones y el personal municipal que gestiona ordinariamente el servicio mientras el ICAE recibe una aportación económica específica para prestar la asistencia jurídica.
Esa aportación asciende a 8.350 euros y figura en la Base de Datos Nacional de Subvenciones con el código BDNS 929003. La ayuda está registrada como una «subvención y entrega dineraria sin contraprestación» y se concede mediante el procedimiento de «concesión directa – instrumental», con el Colegio de Abogados de Elche como beneficiario. No se trata, por tanto, de un contrato adjudicado mediante licitación ni de un procedimiento de concurrencia en el que diferentes entidades pudieran presentar ofertas para prestar el servicio, sino de una subvención concedida directamente al ICAE mediante convenio.
La ficha de la ayuda introduce además otro elemento llamativo: la subvención aparece encuadrada administrativamente bajo la finalidad de «Servicios Sociales y Promoción Social», pese a que la oficina está siendo impulsada y gestionada políticamente desde Promoción Económica. Este encaje añade otra pregunta sobre la distribución interna de responsabilidades dentro del Ayuntamiento, especialmente porque existen otras áreas municipales con funciones más directamente vinculadas a la naturaleza del servicio, como Acción Social, la asesoría jurídica municipal o los departamentos relacionados con Seguridad Ciudadana.
La documentación pública conocida hasta ahora tampoco permite establecer que los 8.350 euros estén vinculados al número de consultas que finalmente realice el Colegio. El ICAE pone a disposición de la oficina una bolsa de más de treinta abogados especializados, así como atención telefónica, telemática y determinadas franjas de atención presencial, pero no consta públicamente un coste por consulta, un número mínimo de expedientes que deban atenderse o un mecanismo que reduzca la aportación municipal en el caso de que la utilización real del servicio sea muy inferior a la prevista.
Esto no significa que el Colegio pueda recibir el dinero sin cumplir las obligaciones establecidas en el convenio. Como beneficiario de una subvención pública deberá justificar las actividades y gastos comprometidos y estará sujeto a las condiciones previstas en el acuerdo firmado con el Ayuntamiento. Lo que todavía no se conoce es qué conceptos concretos justifican los 8.350 euros, qué parte corresponde a disponibilidad de los abogados, coordinación, formación, administración u otras actuaciones y si la cantidad final depende de alguna manera del volumen real de ciudadanos atendidos.
El alcance del servicio jurídico tampoco llega hasta la defensa judicial de los afectados. La función de los letrados del ICAE consiste en proporcionar información, orientación y asesoramiento sobre las posibilidades legales existentes, explicar los procedimientos administrativos o judiciales disponibles y, cuando corresponda, informar sobre el acceso a la asistencia jurídica gratuita. Si un propietario necesita iniciar posteriormente una actuación ante los tribunales deberá contar con representación jurídica fuera de este servicio o acogerse al sistema de justicia gratuita si cumple los requisitos legales.
De esta forma, la gestión cotidiana de la oficina se realiza con personal y medios municipales mientras el Ayuntamiento transfiere 8.350 euros al Colegio de Abogados para cubrir la parte especializada del asesoramiento. La fórmula elegida plantea una cuestión adicional sobre el coste real de la iniciativa, ya que a la subvención concedida al ICAE habría que añadir el valor de las horas de trabajo del personal de Promoción Económica que se dedica a gestionar la oficina, así como el uso de instalaciones y otros recursos municipales que no aparecen reflejados en esa cantidad.
El encaje de la Oficina Antiokupación dentro de Promoción Económica constituye, además, uno de los aspectos menos explicados hasta ahora. En el organigrama municipal existen departamentos con competencias relacionadas con Acción Social, asistencia jurídica o Seguridad Ciudadana, mientras Promoción Económica mantiene oficialmente funciones relacionadas con empleo, formación, empresas y emprendimiento. El propio Ayuntamiento señaló al aprobar la iniciativa que la oficina estaba «impulsada desde el área de Promoción Económica», pero no ha detallado públicamente qué relación administrativa existe entre las competencias ordinarias de esta concejalía y la gestión de un servicio dedicado a orientar jurídicamente a propietarios de viviendas.
Que la Oficina Antiokupación no figure entre las competencias publicadas de Promoción Económica no permite concluir por sí solo que exista una irregularidad. La Alcaldía o la Junta de Gobierno Local pueden realizar delegaciones o atribuciones específicas dentro de la organización municipal. La cuestión pendiente es conocer qué acuerdo concreto ampara que sean trabajadores de Promoción Económica quienes gestionen el servicio, qué funciones exactas se les han atribuido y con qué recursos humanos se está realizando esta nueva tarea.
La configuración definitiva de la oficina también se ha alejado notablemente de los primeros anuncios realizados durante la negociación presupuestaria. La iniciativa llegó a plantearse con una previsión económica superior a los 30.000 euros, mientras que el modelo finalmente puesto en marcha se articula mediante un convenio con el ICAE por 8.350 euros hasta final de año y el aprovechamiento de personal e instalaciones municipales ya existentes. Hasta ahora no se ha explicado públicamente qué conceptos formaban parte de aquella previsión inicial ni qué llevó al gobierno municipal a modificar el diseño económico del proyecto.
La oficina tiene además un origen político concreto. Su creación fue una de las medidas defendidas por Vox dentro de los acuerdos presupuestarios y Samuel Ruiz, portavoz adjunto de la formación y concejal de Promoción Económica, ha asumido posteriormente su impulso y presentación. Ese origen político explica que el proyecto haya terminado gestionándose desde su concejalía, pero no resuelve la cuestión administrativa sobre por qué un departamento dedicado oficialmente a la política económica y de empleo es el encargado de prestar la atención inicial de un servicio relacionado con vivienda y asesoramiento jurídico.
La incógnita sobre el gasto resulta especialmente relevante porque todavía no se conoce cuál será la demanda real de la oficina. El servicio permanecerá inicialmente abierto hasta diciembre y será entonces cuando el Ayuntamiento evalúe su continuidad. Durante los últimos meses el gobierno municipal ha utilizado una cifra cercana a 159 incidencias para justificar su creación, aunque posteriormente se ha reconocido que ese número no equivale a 159 ocupaciones ilegales, ya que también incluye situaciones relacionadas con impagos de alquiler y otros conflictos derivados de relaciones contractuales de vivienda.
El PSOE ha anunciado que solicitará los expedientes de la Oficina Antiokupación para conocer qué tipo de asuntos está atendiendo realmente el servicio. Esa información permitirá determinar cuántos casos corresponden efectivamente a ocupaciones ilegales, cuántos derivan de impagos o conflictos entre arrendadores e inquilinos y cuántas consultas han requerido intervención efectiva de los abogados del Colegio.
La documentación completa del convenio entre Ayuntamiento e ICAE debería permitir despejar ahora varias de las incógnitas principales: qué gastos concretos justifican los 8.350 euros, si existe un número mínimo de consultas o actuaciones que el Colegio deba realizar, si la subvención puede reducirse en caso de una utilización muy baja, cuánto cuesta adicionalmente el personal municipal destinado a gestionar la oficina y qué acuerdo atribuye formalmente estas funciones a la Concejalía de Promoción Económica.
Son cuestiones relevantes para conocer el coste real y el funcionamiento de un servicio que combina recursos municipales con una subvención directa al Colegio de Abogados y cuya gestión se ha situado en una concejalía cuyas competencias publicadas están orientadas a empleo, formación y actividad económica, no a vivienda ni a asesoramiento jurídico.
