La construcción del nuevo bloque de 45 viviendas de San Antón ha acumulado varios meses de retraso por la espera de la calificación provisional como vivienda protegida de la Generalitat Valenciana, un trámite que no llegó hasta el pasado 10 de septiembre. PIMESA había aprobado en febrero sacar la actuación a licitación y entonces manejaba la previsión de que las obras pudieran comenzar antes del verano.
El calendario ha cambiado de forma sustancial. Según ha explicado el Ayuntamiento, la falta de esa calificación autonómica impedía avanzar con normalidad en la contratación. Una vez recibido el documento, PIMESA ha podido activar de nuevo el procedimiento y sitúa ahora el inicio de las obras en enero de 2027, con un plazo de ejecución de 24 meses.
La espera afecta a una actuación especialmente sensible para San Antón. El nuevo edificio estará destinado en buena parte al realojo de familias vinculadas al proceso de regeneración urbana del barrio y, especialmente, a propietarios afectados por el desalojo del bloque 8, evacuado por riesgo estructural.
De febrero a septiembre esperando el trámite autonómico
El proyecto estaba encarrilado desde comienzos de año. En enero, el Ayuntamiento aprobó el proyecto del nuevo edificio y encargó a la empresa municipal PIMESA la puesta en marcha de la licitación. En febrero, el Consejo de Administración de la sociedad municipal dio luz verde al procedimiento y la previsión entonces era que las obras pudieran comenzar antes del verano.
Sin embargo, el expediente no pudo avanzar al ritmo previsto. Todavía en julio, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, señalaba públicamente que el Ayuntamiento seguía pendiente de la documentación autonómica necesaria para poder continuar con la actuación.
La calificación provisional como vivienda protegida fue finalmente concedida por la Generalitat el 10 de septiembre. Es ese trámite el que, según la explicación municipal, desbloquea ahora una contratación que había quedado pendiente durante meses.
El resultado es que una obra cuyo inicio se situaba inicialmente antes del verano se desplaza ahora hasta enero de 2027. Entre la aprobación de la licitación por PIMESA y la llegada de la calificación autonómica han transcurrido alrededor de siete meses.
Una espera que afecta directamente a las familias de San Antón
El retraso administrativo tiene una dimensión especialmente relevante en el barrio. De las 74 personas propietarias afectadas por el desalojo del bloque 8, 45 serán realojadas en el nuevo edificio, mientras que las 29 restantes ya disponen de vivienda en bloques construidos anteriormente dentro del proceso de regeneración.
El nuevo inmueble contará con 45 viviendas, dos plantas de sótano con 44 plazas de aparcamiento y un local comercial. PIMESA ha sacado ahora la actuación a licitación dentro de un paquete que ronda los 5,8 millones de euros e incluye también la reurbanización del entorno, licencias y actuaciones vinculadas a la demolición del bloque 8.
La Generalitat había confirmado ya en 2025 una aportación de 2,5 millones de euros para esta fase de la regeneración de San Antón. El convenio quedó encarrilado y el proyecto estaba listo a comienzos de 2026, pero la tramitación posterior de la calificación de vivienda protegida terminó desplazando el calendario.
El bloque 8, pendiente de demolición
En paralelo, PIMESA prepara el proyecto para derribar el bloque 8. La previsión municipal es disponer del documento durante octubre e iniciar después los pasos necesarios para su demolición, garantizando antes que las familias puedan recuperar los enseres que tuvieron que dejar atrás cuando se produjo el desalojo.
San Antón vuelve así a avanzar, pero después de perder buena parte de 2026 en una espera administrativa que afecta a una actuación esencial para el barrio. Detrás de cada mes de retraso no hay únicamente un expediente pendiente: hay familias que continúan esperando una solución definitiva de vivienda.
