La diputada del Partido Popular Sandra Pascual Rocamora, elegida por la circunscripción de Alicante y vinculada a Elche, votó este viernes en contra de los dos decretos de vivienda debatidos en el Congreso de los Diputados. Pascual forma parte además de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana de la Cámara Baja, el órgano parlamentario especializado precisamente en esta materia.
Su voto se produjo dentro del rechazo del Partido Popular a los dos reales decretos ley impulsados por el Gobierno para intervenir sobre distintos aspectos de la crisis de la vivienda. Las normas incluían medidas sobre desahucios de personas vulnerables, alquileres de temporada y por habitaciones, actualizaciones de renta, fiscalidad, vivienda asequible y duración de los contratos de alquiler habitual.
Una diputada de Elche en la Comisión de Vivienda
El voto de Sandra Pascual tiene una dimensión directamente local. La parlamentaria fue presentada por el PP ilicitano como representante de Elche en el Congreso y desarrolla parte de su actividad parlamentaria en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Precisamente esta semana, la vivienda ha vuelto a ocupar un lugar central también en Elche. Veïnes d’Elx y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca participaron este jueves en una cacerolada en la Plaça de Baix para reclamar la aprobación de medidas urgentes y advertir de nuevos procedimientos de desahucio previstos en el municipio durante octubre.
La posición de Pascual queda así directamente vinculada a un debate que afecta a cuestiones cotidianas para numerosos hogares ilicitanos: la continuidad de los contratos de alquiler, la protección frente a desahucios, el precio de las rentas y las condiciones de acceso a una vivienda.
Qué contenían los decretos
El primero de los textos, el Real Decreto-ley 26/2026, agrupaba la mayor parte de las medidas. Entre ellas figuraban la ampliación de determinadas protecciones frente a desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, restricciones temporales a determinadas operaciones especulativas, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y medidas fiscales dirigidas tanto a propietarios como a inquilinos.
La norma establecía además que un alquiler presentado como temporal debía responder a una causa real y acreditada, y limitaba la posibilidad de utilizar contratos por habitaciones para superar el precio que correspondería al alquiler de la vivienda completa.
El segundo texto, el Real Decreto-ley 27/2026, modificaba las reglas sobre duración y renovación de los contratos de vivienda habitual. Entre otras medidas, planteaba nuevas prórrogas una vez agotados los periodos mínimos legales y mayores obligaciones para el arrendador cuando decidiera no continuar el contrato en determinados supuestos.
El PP rechazó los dos textos
El Partido Popular había anunciado antes del pleno su voto contrario a ambas normas. Alberto Núñez Feijóo defendió que la regulación propuesta podía reducir la oferta de alquiler y el partido contrapuso al paquete del Gobierno otras medidas centradas en aumentar la construcción de vivienda y aplicar rebajas fiscales.
Vox también votó contra los decretos. El rechazo de ambas formaciones se sumó al de otros grupos que cuestionaron distintos aspectos de las normas, aunque por razones no siempre coincidentes.
En el caso de Elche, la votación tiene un nombre propio: Sandra Pascual Rocamora. La diputada popular que representa a la provincia de Alicante y mantiene una vinculación política directa con la ciudad votó contra dos textos que intervenían sobre alquileres, desahucios y protección de hogares vulnerables, mientras colectivos sociales ilicitanos reclamaban precisamente una respuesta más intensa ante la crisis de la vivienda.
