El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha abierto un expediente a raíz de una queja de la portavoz socialista en Elche, Patricia Maciá, por la falta de contestación que el PSOE atribuye al Ayuntamiento en cerca de 50 solicitudes de información. Las peticiones, según expone el grupo municipal, se registraron entre enero y septiembre de 2026 y afectan a cuestiones de gestión pública sobre las que la oposición considera que no ha recibido la documentación solicitada.
La institución autonómica, encargada de supervisar la actuación de las administraciones valencianas en defensa de los derechos de la ciudadanía, ha admitido a trámite la queja y ha pedido explicaciones al Consistorio. La apertura de estas actuaciones no supone que haya declarado probado un incumplimiento: el Ayuntamiento debe poder informar de cómo ha tramitado las solicitudes.
Basuras, expedientes económicos y control del gobierno
Entre los asuntos por los que los socialistas reclaman documentación figuran las reclamaciones vinculadas a la tasa de basuras de 2026 y las actuaciones municipales relacionadas con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre una indemnización a APARCISA. Maciá sostiene que algunas peticiones han tenido que reiterarse por la ausencia de respuesta.
Los grupos de la oposición necesitan acceder a expedientes y antecedentes municipales para comprobar el alcance de acuerdos, contratos y decisiones del gobierno. Ese derecho debe ejercerse conforme a los procedimientos legales, pero las solicitudes tampoco pueden quedar indefinidamente sin tramitar. En este caso, la cuestión sometida al Síndic es precisamente cómo se ha gestionado ese acceso a la información.
Un informe municipal pendiente
En una resolución de 6 de octubre de 2026, el Síndic requirió al Ayuntamiento un informe sobre las peticiones señaladas por el PSOE y sobre las medidas adoptadas para responderlas. El requerimiento prevé un plazo de un mes, con posibilidad de ampliación excepcional en los términos establecidos para el procedimiento.
A partir de la contestación municipal y de la documentación aportada, la institución podrá continuar su análisis y emitir las consideraciones que procedan. La mera admisión a trámite no permite afirmar que las casi 50 solicitudes sigan hoy exactamente en el mismo estado ni que se haya demostrado una vulneración de derechos en todas ellas.
Una controversia sobre el acceso a la información pública
El expediente introduce una vía de supervisión externa en un conflicto político y administrativo que afecta a la fiscalización del gobierno local. La discusión no se limita a quién formula las preguntas: también alcanza a la capacidad del pleno y de sus representantes para examinar expedientes en plazo y ejercer sus funciones con documentación suficiente.
El siguiente paso relevante será conocer la respuesta del Ayuntamiento y la valoración posterior del Síndic. Hasta entonces, la denuncia debe presentarse como una queja admitida a investigación, no como una resolución condenatoria contra la administración municipal.
