El plan que Ruz y el PP presentan como respuesta al problema de la vivienda permuta cuatro parcelas municipales con promotoras privadas. De las 240 viviendas de esta fase, 48 pasarán a PIMESA para alquiler. Las otras 192 quedarán para la comercialización privada.
El Plan Casa Fácil volvió a aparecer en el pleno del 28 de septiembre como respuesta del Partido Popular a las propuestas sobre vivienda. PP y Vox rechazaron una moción socialista que planteaba, entre otras medidas, ampliar el parque público de alquiler asequible y reforzar las ayudas municipales. Frente a esas demandas, el concejal del PP Claudio Guilabert defendió las actuaciones del gobierno local, especialmente Casa Fácil, según la crónica de Radio Elche.
La documentación del programa permite distinguir tres cuestiones: cuántas viviendas se construirán, cuántas conservará la empresa municipal y cuánto tendrán que pagar quienes accedan a las de venta. Son magnitudes diferentes: aumentar la oferta de vivienda protegida no equivale a incorporar toda esa promoción al patrimonio público.
Protegida no significa de propiedad pública
El Ayuntamiento ha presentado Casa Fácil utilizando expresiones como «viviendas públicas» y ha situado el programa dentro de su anunciada «legislatura de la vivienda social». Bajo esa marca agrupa diferentes actuaciones, incluidas promociones de alquiler, como recoge su comunicación oficial de noviembre de 2025. Sin embargo, la operación de las cuatro parcelas adjudicadas a empresas privadas responde a un modelo concreto: la transmisión de suelo a cambio de una parte de las viviendas que se construyan.
Según la información publicada por PIMESA, Fama Rehabilitaciones construirá 181 viviendas entre el entorno del Hospital del Vinalopó, Torrellano y Carrús. Alcudia Servicios y Obras levantará otras 59 en el solar del antiguo Mercado del Pla de Sant Josep. La empresa municipal recibirá 37 viviendas del primer lote y 11 del segundo, con garaje vinculado. En total, 48 de las 240: el 20%.
Por tanto, no se trata de 240 viviendas que vayan a incorporarse al patrimonio municipal. Las otras 192 estarán sujetas a los límites y requisitos de la vivienda protegida, pero serán de comercialización privada. El Ayuntamiento anunció su destino a la venta, como recogió elDiario.es en febrero. La protección regula las condiciones del inmueble y de acceso; no convierte por sí misma a la Administración en su propietaria.
Un precio limitado no elimina la entrada ni la hipoteca
Este 29 de septiembre, Ruz ha situado en torno a 240.000 euros el precio máximo de las viviendas de tres dormitorios con garaje y trastero, con importes inferiores para las más pequeñas, según Radio Elche.
La discusión sobre los precios viene de meses atrás. En febrero, el portavoz socialista, Héctor Díez, señaló que una vivienda de tres dormitorios del sector E-27 alcanzaría los 255.600 euros, IVA incluido, sin garaje ni trastero, según su revisión de los expedientes, una estimación recogida por elDiario.es. No son una tarifa única ni cifras directamente comparables: se refieren a momentos y conceptos distintos. Para contrastarlas hacen falta superficies, anexos e impuestos desglosados.
Una simulación permite dimensionar el esfuerzo de compra. Para una vivienda de 250.000 euros, financiar el 80% supondría aportar 50.000 euros antes de impuestos y gastos. Una hipoteca de 200.000 euros a treinta años, con un interés nominal fijo hipotético del 3% y cuotas mensuales constantes, tendría una cuota aproximada de 843 euros al mes, sin incluir comisiones ni otros costes. Es un ejemplo de cálculo, no una oferta financiera del programa ni el precio confirmado de una vivienda concreta.
En ese supuesto, cumplir los requisitos administrativos de acceso no bastaría para comprar: también harían falta el ahorro inicial y la capacidad de obtener y devolver el préstamo. El límite de precio y la capacidad económica del hogar son, por tanto, condiciones distintas.
El suelo es público; la promoción, mayoritariamente privada
La fórmula elegida no consiste en contratar a una constructora para levantar viviendas que después conserve íntegramente el Ayuntamiento. PIMESA define la operación como una enajenación de parcelas con pago mediante permuta de futuras viviendas. Es decir, transmite terrenos de su propiedad y recibe pisos como contraprestación, según la convocatoria de la empresa municipal.
Las viviendas que obtendrá PIMESA son el pago acordado por el suelo, no una aportación gratuita de las promotoras. Las adjudicatarias asumen la construcción y comercializan la parte que les corresponde conforme a las condiciones de la vivienda protegida. La convocatoria exigía a las licitadoras un estudio de viabilidad y una oferta con el número y las superficies de las viviendas que entregarían como precio de los solares.
Compromís cifró en febrero los márgenes de beneficio previstos en 4,85 millones de euros para el primer lote y 1,08 millones para el segundo: casi seis millones en conjunto. Son las previsiones que esa formación difundió a partir de la documentación que afirmó haber examinado, no beneficios ya realizados ni cuentas finales de las promociones. La declaración de su portavoz, Esther Díez, cuestionaba tanto los precios como la proporción de viviendas que quedará en manos públicas y defendía destinar la totalidad al alquiler asequible.
Ruz, por su parte, defendió la permuta como una forma de activar el suelo municipal y generar vivienda para jóvenes y familias manteniendo el control público del proceso, según recogió elDiario.es. El intercambio supone, en cualquier caso, sustituir suelo de la empresa municipal por una parte de las viviendas futuras, mientras la explotación comercial del resto corresponde a las adjudicatarias.
La protección tampoco equivale a un blindaje permanente
Una vivienda protegida no tiene necesariamente esa condición para siempre. La información oficial de la Generalitat sobre el Decreto 180/2024 establece, con carácter general, un periodo máximo de protección de treinta años y contempla su extinción por el transcurso del plazo aplicable. También prevé otros periodos y remite a las condiciones específicas de los planes de vivienda cuando corresponda.
La duración concreta debe figurar en la documentación de cada vivienda. No puede darse por supuesto un mismo plazo para todas las promociones de Casa Fácil ni una fecha común de paso al mercado libre. La extinción de la protección y la titularidad del inmueble son cuestiones distintas: que termine un régimen de precios y requisitos no cambia por sí solo quién es su propietario.
Según la página de PIMESA consultada, sigue pendiente de aprobación el pliego de comercialización de sus 48 viviendas de alquiler, que concretará los plazos de solicitud y los requisitos de acceso. En cuanto a las obras, Ruz ha anunciado la solicitud de licencias, todavía en tramitación, sin concretar plazos para resolverlas, de acuerdo con Radio Elche. Son promociones previstas, no viviendas ya entregadas.
