El presidente anuncia la disolución de las Cortes después de que PP, Vox y Junts tumbaran los dos decretos de vivienda. El adelanto convierte el bloqueo parlamentario en el punto de partida de una batalla electoral marcada por el acceso a una casa.
Pedro Sánchez ha anunciado este lunes, 5 de octubre, la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. El presidente del Gobierno ha comunicado su decisión en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, después de un fin de semana de reflexión abierto por el rechazo del Congreso a los dos decretos con medidas sobre vivienda. Antes de comparecer, había informado al rey de su decisión, según recoge Europa Press.
El movimiento tiene una lectura política que va más allá del calendario: Sánchez busca transformar una derrota parlamentaria en una oportunidad para recuperar la iniciativa, situando la vivienda en el centro de la confrontación electoral. Según las fuentes del Ejecutivo consultadas por la Cadena SER, el objetivo es conseguir una nueva distribución de fuerzas que permita aprobar las medidas que la actual mayoría del Congreso ha rechazado.
La vivienda disputa el protagonismo al relato de la derecha
La convocatoria llega en un momento en el que la crisis de la vivienda ha trasladado la presión de las instituciones a las calles. El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años en Madrid, y el posterior rechazo de los decretos han desencadenado movilizaciones en distintos puntos del país para exigir respuestas a la emergencia habitacional.
Ese contexto permite a Sánchez plantear una disputa distinta a la de una legislatura agotada por sus dificultades parlamentarias: presentar el bloqueo como un motivo para pedir una mayoría capaz de intervenir en vivienda. La apuesta consiste en que la campaña no se limite a decidir quién ocupa la Moncloa, sino qué medidas está dispuesto a respaldar cada partido. Es la interpretación que se desprende del diagnóstico trasladado por el entorno del Gobierno tras la votación del viernes.
Las respuestas de PP y Vox a la caída de los decretos ya mostraban esa pugna por el foco político. Alberto Núñez Feijóo acusó el viernes al presidente de utilizar la vivienda para hacer «maniobras electorales» y le reclamó que convocara cuanto antes. «Estoy listo», aseguró el dirigente popular, que defendió que las normas rechazadas no resolverían el problema.
Santiago Abascal, por su parte, sostuvo que el Gobierno estaba utilizando la vivienda para desviar la atención de la crisis de Ceuta y de los presuntos casos de corrupción. Su reacción vinculó de nuevo el debate habitacional con los asuntos sobre los que Vox venía dirigiendo sus ataques al Ejecutivo.
Por tanto, el giro no reside tanto en una fecha que ya se barajaba y que Feijóo reclamaba públicamente, sino en el intento de Sánchez de cambiar el terreno de la confrontación. Frente al relato de un Gobierno sin apoyos, la Moncloa pretende colocar el de unas medidas de vivienda bloqueadas por PP, Vox y Junts. Que esa apuesta logre imponerse será una de las batallas de la campaña.
Del rechazo en el Congreso a las urnas
La movilización social tampoco supone un respaldo automático al Ejecutivo. En la acampada de la Puerta del Sol, participantes consultados por El País reclamaban soluciones duraderas y expresaban distancia respecto a los partidos y a la posibilidad de unas elecciones. La exigencia de medidas continúa más allá de la convocatoria.
Sánchez afronta, además, una apuesta arriesgada: el barómetro de 40dB. publicado este lunes por la SER y El País mantiene a PP y Vox por delante. El trabajo de campo se realizó antes de la votación de los decretos, por lo que no recoge la reacción posterior al bloqueo ni al anuncio electoral.
La convocatoria deberá formalizarse mediante el decreto correspondiente. Su publicación está prevista para el martes 6 de octubre, fecha desde la que se cuentan los 54 días establecidos por la legislación electoral hasta la votación del 29 de noviembre.
