El Ayuntamiento destina 8.350 euros al servicio hasta final de año, mientras experiencias similares en Alicante y València han registrado una utilización casi inexistente.
Elche ya tiene oficina municipal frente a la ocupación ilegal. Lo que sigue sin tener es una cifra clara de cuántas ocupaciones ilegales existen realmente en la ciudad.
El servicio ha comenzado a funcionar este lunes mediante un convenio entre el Ayuntamiento y el Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE), con una financiación municipal de 8.350 euros hasta el próximo 31 de diciembre y una treintena de abogados disponibles para prestar orientación jurídica. La oficina era una de las medidas reclamadas por Vox para apoyar los presupuestos municipales de 2026.
Su apertura, sin embargo, ha dejado un dato especialmente relevante para entender el alcance real del problema que pretende combatir.
El concejal de Promoción Económica y portavoz adjunto de Vox, Samuel Ruiz, ha vuelto a utilizar los 159 casos registrados este año por la Policía Local, pero ha reconocido que la mayoría corresponden a impagos de alquiler. No ha ofrecido un desglose que permita conocer cuántos de esos 159 expedientes son realmente allanamientos de morada o usurpaciones de inmuebles.
La diferencia no es simplemente terminológica.
Cuando una persona accede a una vivienda mediante un contrato de alquiler válido y posteriormente deja de pagar, no se produce una ocupación ilegal en el sentido penal del término. Existe un conflicto arrendaticio y el propietario debe acudir al procedimiento correspondiente para recuperar la vivienda. Es una situación diferente de la entrada en una vivienda sin consentimiento de su titular.
De 159 casos a una cifra todavía desconocida
La nueva explicación introduce así una importante incógnita sobre los datos utilizados durante meses para justificar la creación de la oficina.
El Ayuntamiento ha venido señalando que la Policía Local contabilizó 204 casos en 2022, 140 en 2023, 232 en 2024, 176 en 2025 y 159 en lo transcurrido de 2026. Hasta ahora esas cifras se habían presentado genéricamente como casos relacionados con la ocupación.
Pero si la mayoría de los expedientes de este año corresponde a inquilinos que previamente accedieron legalmente a la vivienda, el número de ocupaciones ilegales propiamente dichas necesariamente es inferior a esos 159 casos. Lo que no sabemos todavía es cuánto.
La falta de precisión viene de lejos. Cuando la oficina comenzó a negociarse en diciembre de 2025, Pablo Ruz fue preguntado directamente por los datos que justificaban su creación. El alcalde reconoció entonces que el Ayuntamiento no podía ofrecer cifras concretas sobre Elche y señaló únicamente que la ciudad se encontraría aproximadamente en la media española, que situó en torno al 0,05% de las viviendas.
La PAH de Elx-Crevillent ha cuestionado también la dimensión del fenómeno y recordó recientemente que durante 2025 se registraron 39 demandas judiciales por ocupación ilegal en toda la provincia de Alicante. La organización estimaba que, mediante una simple extrapolación por población, alrededor de cinco podrían corresponder a Elche. Esa estimación debe manejarse con cautela: las demandas judiciales y las intervenciones policiales son estadísticas distintas y no pueden compararse directamente.
Precisamente por eso resulta especialmente relevante conocer ahora cuántos de los expedientes municipales corresponden a ocupaciones ilegales, cuántos a impagos de alquiler y cuántos terminan finalmente en actuaciones judiciales.
Alicante y València: oficinas con muy poca utilización
Elche tampoco es la primera ciudad gobernada por PP y Vox que pone en marcha un servicio específico de estas características.
Y los precedentes más cercanos muestran una demanda bastante inferior a la que se anticipaba cuando fueron anunciados.
En Alicante, la oficina municipal antiocupación inaugurada en noviembre de 2024 había atendido únicamente ocho consultas durante sus primeros ocho meses de funcionamiento, según los datos del propio Ayuntamiento obtenidos por la oposición municipal y publicados por distintos medios. El servicio había sido presentado inicialmente con participación de cuatro agentes de Policía Local y un auxiliar repartidos en distintos turnos.
La experiencia de València ofrece una fotografía similar.
Desde su puesta en funcionamiento en 2025 hasta el final de ese ejercicio, la oficina valenciana registró 19 solicitudes relacionadas con usurpaciones y una relacionada con ocupación, una media aproximada de 2,2 expedientes mensuales. El dispositivo contaba con dos agentes a jornada completa y otros dos parcialmente adscritos.
La escasa actividad ha provocado críticas de los grupos de la oposición en ambas ciudades. En València, sin embargo, representantes sindicales de la Policía Local han defendido que el bajo número de expedientes también puede interpretarse positivamente precisamente porque significa que existen pocos casos, y sostienen que el servicio cumple además una función preventiva y de mediación.
Por tanto, esos precedentes no permiten anticipar qué ocurrirá en Elche, pero sí ofrecen un elemento con el que comparar dentro de unos meses la demanda real del nuevo servicio.
8.350 euros hasta diciembre
La oficina ilicitana tiene además una configuración distinta.
El Ayuntamiento aportará 8.350 euros hasta el 31 de diciembre, una cantidad muy inferior a los más de 30.000 euros planteados inicialmente. El ICAE ofrecerá atención telefónica, consultas por correo electrónico y citas presenciales, además de información sobre los procedimientos legales disponibles y sobre el acceso a la justicia gratuita cuando resulte necesario.
El servicio será evaluado a final de año antes de decidir su posible continuidad en los presupuestos de 2027.
Ese balance permitirá responder a una pregunta que por ahora continúa abierta: cuánta demanda real existe en Elche de una oficina específicamente dedicada a la ocupación ilegal.
Para conocer su utilidad será especialmente relevante que el Ayuntamiento publique no solo el número total de consultas recibidas, sino también cuántas corresponden verdaderamente a allanamientos o usurpaciones, cuántas a conflictos derivados de contratos de alquiler, qué tipo de orientación se ha prestado y cuántos expedientes han requerido finalmente intervención judicial.
Porque, tras meses de debate político alrededor de los 159 casos registrados por la Policía Local, la primera jornada de funcionamiento de la oficina ha dejado una precisión fundamental: 159 ya no puede utilizarse como sinónimo de 159 ocupaciones ilegales.
