Desde este viernes 23 de octubre, quienes estudian en la Universidad Miguel Hernández (UMH) y en las universidades privadas que operan en Elche están sujetos a un nuevo marco estatal de derechos y deberes. El Real Decreto 855/2026, publicado en el BOE el jueves 22 de octubre, sustituye al Estatuto del Estudiante Universitario de 2010 y fija nuevas obligaciones para las instituciones académicas. Entre sus novedades destacan la atención a la salud mental, los protocolos contra el acoso, el reconocimiento del paro académico y medidas para conciliar los estudios con la vida laboral y familiar.
La norma se aplica a todo el sistema universitario español, público y privado, a centros propios y adscritos, y también a la enseñanza a distancia. Su alcance incluye los grados, másteres y doctorados, así como la formación permanente, aunque para los estudios no oficiales las universidades conservan margen para determinar determinados derechos y deberes. Que una obligación aparezca en el nuevo Estatuto no significa que cada universidad careciera hasta ahora de ese servicio: habrá que comprobar cuáles existen ya y cuáles deberán implantarse o actualizarse.
Atención psicológica y protocolos frente al acoso
El artículo 10 recoge que las universidades deben contar con unidades de atención psicológica y de salud mental, además de servicios de apoyo al alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales, orientación sociolaboral e igualdad. También exige protocolos de prevención e intervención ante conductas suicidas, acoso y ciberacoso sexual o por motivos de sexo, orientación o identidad sexual, y acoso personal en el entorno universitario.
Para las instituciones que todavía no dispongan de estos protocolos, la disposición transitoria primera fija seis meses desde la entrada en vigor, hasta abril de 2027. Aquellas que ya los tengan deberán adaptarlos si no cubren los supuestos previstos. El plazo general para adecuar normativas y servicios es de doce meses, hasta octubre de 2027. No se trata, por tanto, de anunciar hoy la apertura de nuevas consultas psicológicas en la UMH, sino de explicar una obligación normativa de alcance estatal y sus plazos.
Las guías docentes y los exámenes, antes de matricularse
El texto refuerza el derecho a conocer las condiciones concretas de cada asignatura antes de la matrícula. Las guías docentes deberán ofrecer información sobre el idioma de impartición, modalidad presencial o virtual, contenidos, horario, profesorado, prácticas y sistema de evaluación. También recoge garantías de evaluación objetiva, publicidad de los procedimientos de revisión de notas y mecanismos de reclamación.
La conciliación aparece expresamente entre los derechos del alumnado: las universidades deberán disponer de planes que contemplen las dificultades para compatibilizar estudios, trabajo y responsabilidades familiares. La norma sitúa estas medidas en el marco de la organización académica y los recursos disponibles de cada institución, por lo que no supone una exención automática de asistencia o exámenes por el simple hecho de trabajar.
El paro académico deberá tramitarse a través de la representación estudiantil
Otro de los puntos relevantes es el reconocimiento del derecho al paro académico. El artículo 7 establece que las universidades concretarán su procedimiento y que la declaración corresponderá al órgano de representación del estudiantado. Podrá afectar a toda una universidad o únicamente a determinados centros, respetando el derecho a la educación de quienes no lo secunden. El Estatuto exige además escuchar a los representantes del alumnado al elaborar las normas de aplicación.
El nuevo texto también desarrolla la participación en consejos de estudiantes y órganos de gobierno, prevé información accesible sobre los derechos universitarios y recoge obligaciones de respeto a la comunidad académica. Entre los deberes del alumnado figura abstenerse de prácticas fraudulentas en trabajos y evaluaciones, con una referencia expresa al uso inapropiado de la inteligencia artificial generativa.
Qué cambia en Elche y qué queda por comprobar
En Elche, las previsiones afectan tanto a la UMH, de titularidad pública, como a los centros universitarios privados que impartan enseñanzas comprendidas en el ámbito del Estatuto. El texto no anuncia una inversión específica ni la contratación inmediata de profesionales en ninguna de estas instituciones. Tampoco permite concluir, sin revisar cada universidad, que existan incumplimientos.
La entrada en vigor abre, en cambio, un periodo de adaptación durante el que deberán comprobarse la accesibilidad de las guías docentes, la existencia y cobertura de los protocolos, la información sobre representación del alumnado y los servicios de apoyo. Para los estudiantes, la principal novedad es que estos derechos y procedimientos quedan ahora recogidos en una norma básica común que sustituye a la vigente desde 2010.
La disposición aparece firmada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, junto al rey. El texto íntegro, con artículos y disposiciones transitorias, puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado.
Imagen: Diana Morant, ministra firmante de la disposición. Fotografía oficial de archivo de noviembre de 2023, La Moncloa – Gobierno de España / Ministerio de la Presidencia, reproducida con atribución. La imagen no corresponde a una visita a la UMH ni a la aprobación del real decreto.
