Los socialistas piden al Ayuntamiento que concrete si el nuevo módulo máximo de 2.568 euros por metro cuadrado encarecerá las promociones del plan municipal. La Generalitat defiende la subida del 7% como necesaria para compensar el aumento de los costes de construcción.
El precio de la vivienda protegida vuelve al debate político de Elche. El grupo municipal socialista ha presentado una moción para el pleno de septiembre en la que rechaza la subida del 7% del módulo máximo de la Vivienda de Protección Pública aprobada por la Generalitat Valenciana y reclama al Gobierno municipal que aclare qué consecuencias tendrá sobre las promociones incluidas en el Plan Casa Fácil.
La actualización autonómica no es nueva. La Generalitat aprobó mediante una resolución de 13 de agosto elevar el valor estándar utilizado para calcular el precio máximo de venta de las viviendas protegidas desde los 2.400 hasta los 2.568 euros por metro cuadrado de superficie útil, un incremento del 7% que entró en vigor el 15 de agosto. La resolución fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Aplicado de forma directa a una vivienda de 90 metros cuadrados, el cambio supone elevar el valor máximo teórico de 216.000 a 231.120 euros, 15.120 euros más. Si se compara con el módulo de 2.200 euros vigente en 2023, el aumento acumulado asciende a 33.120 euros para una vivienda de esa superficie.
El portavoz socialista Héctor Díez sostiene que este incremento dificulta todavía más el acceso a la vivienda para jóvenes y familias y reclama al alcalde, Pablo Ruz, que explique expresamente si afectará a las viviendas que se están desarrollando sobre suelo municipal mediante Casa Fácil.
La Generalitat mantiene una posición diferente. El Gobierno valenciano justifica la actualización por el aumento de los costes de materiales, energía, mano de obra y construcción y sostiene que mantener un módulo demasiado bajo puede provocar que las promociones protegidas dejen de ser económicamente viables. La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València ha respaldado este argumento y señala que el coste básico de edificación creció un 21,79% entre diciembre de 2024 y julio de 2026.
El interrogante sobre Casa Fácil
La cuestión tiene especial importancia en Elche porque PIMESA adjudicó este año la construcción de 240 viviendas protegidas en cuatro parcelas municipales. De ellas, 48 pasarán a la empresa pública para destinarlas a alquiler para jóvenes, mientras que el resto serán comercializadas como vivienda protegida por las empresas adjudicatarias. El Ayuntamiento estimó inicialmente precios aproximados de entre 176.000 y 208.000 euros, dependiendo de la zona y tipología.
Sin embargo, no puede afirmarse por ahora que las 240 viviendas vayan a encarecerse automáticamente un 7%.
La resolución autonómica establece que el nuevo módulo se aplica a los expedientes que obtengan la calificación provisional a partir de su entrada en vigor y contempla también determinados supuestos para expedientes anteriores. Para conocer el impacto real sobre Casa Fácil es necesario saber en qué situación administrativa se encuentra cada promoción y qué módulo resulta finalmente aplicable. Ese dato no ha sido concretado todavía públicamente en relación con las promociones ilicitanas.
Ese es precisamente uno de los puntos que el PSOE quiere llevar al pleno: que el Gobierno municipal explique si el cambio autonómico modifica los precios previstos para las viviendas construidas sobre suelo público y, en su caso, en qué cuantía.
Ayudas al alquiler y transformación de locales
La moción socialista plantea además mantener en los presupuestos municipales de 2027 ayudas al alquiler dirigidas a jóvenes y familias, aumentar las ayudas relacionadas con el pago del IBI y avanzar en la ordenanza que permita transformar determinados locales comerciales en viviendas, preservando los principales ejes comerciales de la ciudad.
En este punto conviene precisar que el presupuesto municipal de 2026 ya contempla una partida de 500.000 euros para ayudas al alquiler, según anunció el propio Gobierno local durante la aprobación de las cuentas. La propuesta socialista debe entenderse, por tanto, como una petición para que este tipo de ayudas continúe también en 2027, y no como la creación desde cero de una línea actualmente inexistente.
El debate de fondo vuelve así a situarse en una cuestión fundamental para la política municipal de vivienda: cuánto debe costar una vivienda para poder seguir considerándose asequible.
Incrementar el precio máximo puede facilitar que las constructoras encuentren viable promover vivienda protegida, como sostiene la Generalitat. Pero ese objetivo debe confrontarse también con la capacidad económica real de las personas a las que esas viviendas pretenden facilitar el acceso.
En Elche, donde parte del Plan Casa Fácil se construye mediante la cesión de suelo público a cambio de viviendas y otra parte terminará comercializándose por empresas privadas, conocer el precio final de las promociones y el efecto concreto del nuevo módulo será determinante para evaluar el alcance social del programa.
