FICE y AEC han abierto conversaciones con el Ministerio de Inclusión para analizar la posible implantación de un sistema sectorial de previsión social complementaria. La medida tendría que negociarse en el próximo convenio colectivo y podría afectar a una industria que emplea a cerca de 30.000 personas.
El sector español del calzado ha comenzado a estudiar la posible creación de un plan de pensiones de empleo específico para sus trabajadores. La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), con sede en Elche Parque Empresarial, han mantenido una primera reunión de trabajo con responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para conocer el funcionamiento de estos instrumentos y valorar su posible aplicación al sector.
La iniciativa se encuentra todavía en una fase preliminar. No existe, por tanto, un acuerdo para implantar el sistema ni unas aportaciones económicas definidas. Cualquier decisión tendría que adoptarse mediante la negociación colectiva y no está previsto que se aborde formalmente hasta la próxima negociación del convenio, a partir de 2029.
Los denominados Planes de Pensiones de Empleo Simplificados permiten crear sistemas colectivos de ahorro vinculados al puesto de trabajo. Son complementarios a la pensión pública de la Seguridad Social y, por tanto, no la sustituyen ni reducen.
Su posible incorporación al convenio del calzado obligaría a negociar cuestiones fundamentales como qué aportaciones realizarían las empresas, qué participación tendrían los trabajadores, qué colectivos quedarían incluidos y si la adhesión tendría carácter obligatorio o voluntario.
La discusión tiene especial importancia por la estructura del sector. Según los datos aportados por las organizaciones empresariales, la industria está formada por 2.024 empresas y emplea a 29.998 personas. Alrededor del 72% de las compañías son micropymes y otro 28% son pequeñas y medianas empresas. El 47% de las personas empleadas son mujeres.
Esta composición empresarial hace que cualquier nueva aportación laboral tenga efectos muy diferentes según el tamaño de cada compañía. Las patronales han señalado precisamente que estudiarán el impacto económico y administrativo del sistema antes de adoptar una posición definitiva.
La normativa contempla incentivos para fomentar estos planes. Entre ellos se encuentran determinadas deducciones en el Impuesto sobre Sociedades y reducciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por las aportaciones realizadas a favor de los trabajadores. Las personas empleadas también pueden beneficiarse de ventajas fiscales dentro de los límites establecidos legalmente.
El debate llega además apenas unas semanas después de la firma del nuevo convenio colectivo del calzado para el periodo 2026-2029, que establece incrementos salariales durante los próximos cuatro años y una reducción progresiva de la jornada anual.
Para una ciudad como Elche, donde el calzado y su industria auxiliar continúan teniendo un peso económico y laboral fundamental, el futuro de esta negociación tendrá una relevancia especial. AEC tiene su sede en Elche Parque Empresarial y buena parte del tejido productivo del sector se concentra en Elche y las comarcas del entorno.
La posible implantación de un plan sectorial abre así un debate que va más allá del ahorro privado: cómo mejorar las condiciones laborales y la protección económica futura de los trabajadores sin convertir esa previsión complementaria en una alternativa al fortalecimiento del sistema público de pensiones.
Por ahora, FICE y AEC continuarán estudiando las implicaciones del modelo. La decisión final, si el sector decide avanzar, deberá producirse en la mesa de negociación colectiva.
