La organización agraria reclama un calendario y financiación para las actuaciones hidráulicas pendientes, aunque algunos proyectos han avanzado administrativamente. La presa de Tabala ya está redactada y pasó este año por información pública, mientras las soluciones para la rambla de Abanilla continúan en tramitación.
Siete años después de que la DANA de septiembre de 2019 provocara una de las mayores inundaciones de la historia reciente de la Vega Baja, la protección de la comarca frente a futuros episodios extremos continúa dependiendo de un amplio catálogo de obras que, en buena parte, todavía no se han ejecutado.
ASAJA Alicante ha reclamado este jueves al Gobierno de España que acelere las principales infraestructuras hidráulicas previstas para reducir el riesgo de inundaciones y establezca un calendario concreto de ejecución y financiación. Entre las actuaciones señaladas por la organización figuran la presa de Tabala, las soluciones para laminar las avenidas procedentes de la rambla de Abanilla y distintas intervenciones destinadas a facilitar la evacuación del agua en la desembocadura del Segura en Guardamar.
La organización agraria considera insuficiente el ritmo seguido desde las inundaciones de 2019 y recuerda que la comarca continúa especialmente expuesta por su configuración territorial. Buena parte de la Vega Baja constituye una llanura de inundación situada en cotas muy bajas y recibe caudales procedentes tanto del propio Segura como de ramblas que descienden desde territorio murciano.
El presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, sostiene que las actuaciones deben permitir retener y laminar el agua antes de que llegue a las zonas más vulnerables, además de mejorar su posterior evacuación y, siempre que sea posible, favorecer su aprovechamiento agrario.
Tabala ha avanzado, pero todavía no está construida
La reclamación de ASAJA no significa, sin embargo, que todas las actuaciones permanezcan en el mismo punto administrativo que hace siete años.
Uno de los principales proyectos, la presa de Tabala, cuenta ya con proyecto redactado. La Confederación Hidrográfica del Segura abrió en enero de este año el periodo de información pública de la infraestructura, después de que la Dirección General del Agua autorizara el inicio del procedimiento.
El proyecto contempla una presa de materiales sueltos de 17 metros de altura en la boquera de Tabala, situada entre Murcia y Beniel, y un posterior encauzamiento hacia un parque fluvial inundable. Aunque la infraestructura se ubica en territorio murciano, su función es reducir las puntas de avenida que terminan afectando aguas abajo a Beniel y a diferentes poblaciones de la Vega Baja alicantina.
Por tanto, la presa ya ha superado la fase inicial de mera planificación, pero todavía no está ejecutada. Tras la información pública quedan pendientes los procedimientos administrativos, ambientales y presupuestarios necesarios antes de poder iniciar las obras.
ASAJA ha participado además en esa tramitación y ha presentado alegaciones relacionadas con el sistema previsto para evacuar el agua almacenada. La propia CHS confirmó en marzo que este asunto había sido tratado en una reunión con representantes de la organización agraria.
La rambla de Abanilla, una de las piezas más complejas
La situación de la rambla de Abanilla es más compleja. La Confederación lleva años planteando distintas soluciones para controlar los caudales que pueden acabar alcanzando la Vega Baja durante episodios extremos.
El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación contempla actuaciones sobre la rambla, la mejora de la conexión con el embalse de Santomera y la creación de espacios capaces de almacenar temporalmente agua durante las avenidas.
A finales de 2025, la CHS, la Generalitat y el Ayuntamiento de Orihuela seguían analizando las alternativas surgidas de la reformulación del Plan Director contra Inundaciones. Entre ellas aparecían el encauzamiento de la rambla de Abanilla, nuevas presas en su cabecera y el incremento de la capacidad de conducción hacia el embalse de Santomera. El propio organismo de cuenca reconocía entonces que se trata de obras con una importante afección territorial y que su aceptación social constituye una de las dificultades para avanzar.
Durante 2026 sí se han movido algunas actuaciones relacionadas con esta infraestructura. La CHS anunció la contratación de trabajos de mantenimiento del canal de Abanilla por unos 600.000 euros y la asistencia técnica destinada a estudiar un aumento de la capacidad hidráulica de su conexión con Santomera. Estas intervenciones, sin embargo, no equivalen todavía a la ejecución del conjunto de grandes obras estructurales planteadas para proteger la Vega Baja.
El cuello de botella de la desembocadura
ASAJA vuelve a situar también el foco en Guardamar y en la salida del Segura al Mediterráneo. La organización lleva años denunciando que la acumulación de sedimentos y la configuración de la desembocadura pueden dificultar la evacuación del agua durante episodios extraordinarios y ha reclamado actuaciones sobre el espigón y el cauce final.
La CHS y el Ministerio han desarrollado estudios sobre el estado del encauzamiento del Segura desde la Contraparada, en Murcia, hasta Guardamar. Entre los objetivos de esos trabajos se encuentra determinar las intervenciones necesarias para recuperar capacidad hidráulica y afrontar los aterramientos de la desembocadura.
El problema de fondo es que la protección frente a inundaciones de la Vega Baja no depende de una única presa, un único cauce o una sola administración. Las soluciones afectan a territorio murciano y alicantino, al río Segura, a las ramblas, a acequias y azarbes, a infraestructuras de riego, al planeamiento urbano y a las competencias compartidas entre el Estado, la Generalitat, la CHS y los ayuntamientos.
Siete años para pasar del plan a las obras
La gran cuestión es, precisamente, el tiempo transcurrido entre la catástrofe y la materialización de las infraestructuras. El Ministerio licitó ya en 2022 la redacción del anteproyecto de protección frente a inundaciones de la Vega Baja después de los estudios elaborados por la CHS y la Universitat Politècnica de València. Cuatro años después, algunas soluciones continúan todavía en fases de proyecto, información pública o definición de alternativas.
Eso no significa que durante estos años no se hayan realizado actuaciones hidráulicas, trabajos de mantenimiento o proyectos menores, pero sí que una parte importante de las grandes infraestructuras estructurales anunciadas después de la DANA de 2019 todavía no protege físicamente el territorio.
La reclamación de ASAJA devuelve así el debate a una cuestión que va mucho más allá del sector agrario. La siguiente gran DANA no esperará a que terminen los expedientes administrativos. Y en una comarca densamente poblada, intensamente urbanizada y con una de las agriculturas más productivas de la provincia, conocer qué obras están realmente terminadas, cuáles siguen sobre el papel, cuánto costarán y cuándo podrán estar operativas constituye una cuestión de seguridad pública y de rendición de cuentas.
