Aurora Rodil exige extender a todas las áreas municipales la preferencia defendida por Vox como condición para pactar los próximos presupuestos con el PP. La legislación vigente establece que los extranjeros residentes tienen derecho a las prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles y considera discriminatorio imponerles condiciones más gravosas por su nacionalidad.
Vox quiere convertir la denominada «prioridad nacional» en una condición para aprobar los próximos presupuestos municipales de Elche. Su portavoz en el Ayuntamiento, Aurora Rodil, ha asegurado este miércoles que la formación pretende extender ese criterio a las ayudas gestionadas por todas las concejalías durante la negociación de las nuevas cuentas con el Partido Popular.
La expresión utilizada por Vox puede parecer una simple consigna política, pero su aplicación tiene límites legales concretos. Si la denominada «prioridad nacional» supone que una persona española obtiene preferencia frente a otra extranjera residente que cumple los mismos requisitos únicamente por su nacionalidad, esa discriminación chocaría directamente con la legislación española vigente.
El artículo 14 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros establece que los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales, tanto generales como específicos, «en las mismas condiciones que los españoles».
La misma norma va todavía más allá. Su artículo 23 considera actos discriminatorios aquellos realizados desde los servicios públicos contra una persona únicamente por ser extranjera o por su nacionalidad y aquellos que impongan condiciones más gravosas o limiten ilegítimamente a extranjeros residentes el acceso a servicios sociales y socioasistenciales.
Vox quiere llevar el criterio a todo el Ayuntamiento
Rodil explicó en una entrevista en TeleElx que Vox quiere alcanzar un acuerdo presupuestario con el PP antes de finalizar el año, pero que una de sus exigencias será extender la «prioridad nacional» al conjunto del Ayuntamiento.
«En Acción Social hay ayudas y las ayudas tienen que tener un orden», afirmó la portavoz de Vox, que aseguró además que durante este año se han introducido cambios a petición de su formación en la gestión de determinadas prestaciones municipales.
Vox sostiene que ese criterio ya se aplica en algunas ayudas de las áreas sobre las que tiene influencia. Sin embargo, Rodil no ha detallado públicamente qué significa jurídicamente esa prioridad, qué baremos concretos se han modificado ni cómo se establece una eventual preferencia por nacionalidad.
Esa ausencia de concreción resulta especialmente relevante porque la documentación oficial actualmente publicada por el propio Ayuntamiento no refleja una exclusión automática de los residentes extranjeros.
Las propias ayudas de Rodil admiten actualmente a residentes extranjeros
Las tres grandes líneas de ayudas presentadas este año por la Concejalía de Infancia, Familia y Mayores, dirigida por Aurora Rodil, establecen como requisito disponer de nacionalidad española o residencia legal en España, junto con un mínimo de tres años de empadronamiento ininterrumpido en Elche.
Son ayudas que movilizan inicialmente 735.000 euros, con otros 315.000 euros disponibles como reserva, y que están dirigidas a natalidad, mayores vulnerables y familias con hijos y bajos ingresos. El Ayuntamiento estimó que podrían alcanzar a unos 1.800 hogares.
Por tanto, según los requisitos hechos públicos por el Ayuntamiento, una familia extranjera con residencia legal que cumpla las mismas condiciones económicas y de empadronamiento puede acceder actualmente a estas prestaciones.
Esto abre además una cuestión de transparencia que el gobierno municipal debería aclarar: si Vox sostiene que la «prioridad nacional» ya está siendo aplicada, debe explicar en qué ayudas, mediante qué disposición, qué criterio concreto se utiliza y dónde está publicado ese baremo.
La Constitución no establece una «prioridad nacional» en las ayudas sociales
La Constitución Española diferencia determinados derechos vinculados específicamente a la ciudadanía de aquellos cuyo ejercicio por los extranjeros queda regulado por las leyes y tratados.
Su artículo 13 establece precisamente que los extranjeros disfrutarán de las libertades y derechos reconocidos por el ordenamiento «en los términos que establezcan los tratados y la ley».
Y en materia de prestaciones sociales esa ley es inequívoca: la Ley Orgánica de Extranjería reconoce a los extranjeros residentes su acceso en las mismas condiciones que a los españoles.
El Tribunal Constitucional ha establecido además desde su jurisprudencia que existen derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros y otros cuyo contenido depende de lo dispuesto por las leyes. Cuando esa legislación establece igualdad de condiciones, esa regulación forma parte de la posición jurídica constitucionalmente protegida de las personas extranjeras.
Por ello, no puede declararse inconstitucional una consigna política abstracta antes de conocer la norma concreta que Vox pretende aprobar. Pero una regulación municipal que relegara a residentes extranjeros frente a españoles únicamente por su nacionalidad en el acceso a prestaciones sociales tendría un claro conflicto con la Ley Orgánica de Extranjería y plantearía un serio problema de constitucionalidad.
De «prioridad nacional» a discriminación entre vecinos
El debate tiene consecuencias muy concretas.
No se trataría únicamente de decidir cómo se reparte una cantidad de dinero, sino de determinar si dos familias que viven en Elche, cumplen los mismos requisitos económicos, llevan el mismo tiempo empadronadas y atraviesan la misma situación de vulnerabilidad pueden recibir un trato distinto porque una de ellas tiene pasaporte español y la otra no.
La propia legislación de extranjería utiliza expresamente el término «discriminación» para situaciones en las que se imponen condiciones más gravosas a una persona extranjera por su nacionalidad.
Además, Elche es una ciudad en la que decenas de miles de vecinos tienen nacionalidad extranjera. Los últimos datos municipales publicados situaban ya en más de 35.000 las personas extranjeras residentes en el municipio.
Son trabajadores, autónomos, familias y contribuyentes que también participan en la financiación de los servicios públicos. La propia Ley de Extranjería establece, con carácter general, que las personas extranjeras están sujetas a los mismos impuestos que las españolas.
El PP deberá decidir si acepta la condición
La exigencia sitúa ahora el foco también sobre el Partido Popular.
PP y Vox gobiernan conjuntamente Elche y Rodil ha convertido el criterio de acceso a las ayudas en una de las condiciones para cerrar las próximas cuentas municipales.
Hasta el momento de esta publicación no consta una respuesta pública del alcalde, Pablo Ruz, ni del PP de Elche aclarando si aceptará introducir el concepto de «prioridad nacional» en las bases reguladoras de las prestaciones municipales.
La cuestión no debería quedar resuelta mediante una fórmula política ambigua. Si existe una propuesta, el gobierno municipal deberá explicar qué ayudas quiere modificar, qué personas perderían posiciones respecto a las condiciones actuales y con qué informe jurídico pretende hacerlo.
