Vox quiere condicionar los presupuestos de Elche a extender la denominada «prioridad nacional» a las ayudas municipales. El alcalde tiene ahora que decidir si existe algún principio que no esté dispuesto a sacrificar para conservar el gobierno.
Hay momentos en política en los que ya no sirven las ambigüedades, los equilibrios ni las frases cuidadosamente construidas para intentar contentar a todos. Hay momentos en los que toca elegir.
Pablo Ruz está llegando a uno de ellos.
Vox ha puesto sobre la mesa una de sus condiciones para apoyar los próximos presupuestos del Ayuntamiento de Elche: extender a las distintas áreas municipales la denominada «prioridad nacional», un concepto que la formación ultraderechista lleva meses tratando de introducir en las administraciones públicas y que pretende establecer preferencias para los españoles en el acceso a ayudas, prestaciones y vivienda.
No estamos ante una discusión semántica. Tampoco ante una simple modificación administrativa.
Estamos hablando de decidir si dos personas que viven en la misma ciudad, trabajan en las mismas calles, compran en los mismos comercios, llevan a sus hijos a los mismos colegios y pagan los mismos impuestos deben ser tratadas de manera diferente por la Administración por razón de su nacionalidad.
Una aberración política
La «prioridad nacional» parte de una construcción ideológica profundamente peligrosa: dividir a la población entre quienes merecen estar los primeros y quienes, por haber nacido fuera de España, pueden quedar relegados incluso encontrándose en una situación de mayor necesidad.
Es el intento de convertir la nacionalidad en una categoría social.
No importa que ese «demás» sea el hombre que lleva quince años trabajando en el campo de Elche. La mujer que cuida de nuestros mayores. El camarero que sirve cada mañana el café. La trabajadora de una fábrica del Parque Empresarial. Una familia cuyos hijos han nacido aquí. El vecino que cotiza, consume, paga impuestos y forma parte de esta ciudad desde hace años.
Para Vox continúa existiendo una frontera entre unos y otros.
Nosotros no la aceptamos. Porque creemos en una sociedad en la que las personas deben tener los mismos derechos independientemente de su origen, su raza, su religión, su sexo, su orientación sexual o su identidad.
Y porque los servicios sociales deberían tener una prioridad muchísimo más sencilla: quien más lo necesita. No quien tiene el pasaporte correcto.
Y existen límites legales
Conviene desmontar además la idea de que estamos simplemente ante una opción política tan legítima jurídicamente como cualquier otra.
La legislación española establece límites muy concretos. La Ley Orgánica de Extranjería reconoce que las personas extranjeras residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios sociales en las mismas condiciones que los españoles, y garantiza además determinados servicios sociales básicos independientemente de la situación administrativa. Para los residentes de larga duración reconoce también igualdad de condiciones en determinadas ayudas públicas de vivienda.
Por eso una aplicación general e indiscriminada de la «prioridad nacional» como la que Vox lleva defendiendo —preferencia de españoles en ayudas, servicios públicos y vivienda— no sólo nos parece moralmente aberrante: choca con derechos establecidos por el ordenamiento vigente y plantea serios problemas de constitucionalidad y de igualdad ante la Administración.
La propia formulación incorporada este verano a la normativa valenciana ha tenido que envolver el concepto en expresiones como «adecuado a la legalidad vigente» y traducirlo hacia criterios de arraigo, precisamente porque una simple exclusión por nacionalidad tiene límites jurídicos evidentes.
El truco más viejo: enfrentar al que tiene poco con quien tiene todavía menos
Existe además algo especialmente perverso en este discurso.
Cuando faltan viviendas públicas, Vox señala al inmigrante.
Cuando hay listas de espera, Vox señala al inmigrante.
Cuando las ayudas sociales son insuficientes, Vox señala al inmigrante.
Cuando una familia española tiene dificultades para llegar a final de mes, Vox busca que mire hacia otra familia todavía más pobre y la considere responsable.
Es mucho más sencillo señalar al último que llegó que preguntarse por qué no existen suficientes viviendas públicas. Mucho más fácil enfrentar a trabajadores entre ellos que debatir sobre salarios, precariedad, alquileres o deterioro de los servicios públicos.
Ese mecanismo tiene un nombre político muy antiguo: buscar un chivo expiatorio. Y Elche no debería recorrer ese camino.
Y ahora, Pablo Ruz
Aquí termina el debate sobre Vox y comienza el verdaderamente importante para esta ciudad. Porque conocemos lo que piensa Vox. La pregunta es qué está dispuesto a hacer Pablo Ruz.
Durante estos tres años hemos visto cómo algunas de las líneas que parecían separar al Partido Popular de su socio de extrema derecha se han ido desplazando.
En 2024, PP y Vox votaron contra una moción que incluía, entre otras cuestiones, la condena de la violencia por orientación sexual y de género, programas de sensibilización y la recuperación de políticas municipales en materia de diversidad.
El pasado marzo ocurrió algo todavía más difícil de explicar desde una derecha que pretenda calificarse de moderada: PP y Vox aprobaron en el Ayuntamiento de Elche una moción para instar al Gobierno de España a derogar la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo.
También hemos escuchado durante esta legislatura debates sobre inmigración en los que el marco político de Vox ha ido encontrando cada vez menos resistencia dentro del gobierno municipal.
Por eso esta vez no basta con que Ruz diga que él personalmente no es racista, homófobo, xenófobo o contrario a los derechos de las mujeres. Gobernar consiste precisamente en decidir qué políticas se convierten en políticas públicas.
Otros populares ya han dicho que no
Y el alcalde ni siquiera puede refugiarse en una supuesta disciplina de partido. El pasado 6 de mayo, en la Diputación de Alicante, el Partido Popular votó junto a PSPV y Compromís contra una moción de Vox sobre la «prioridad nacional». La propuesta recibió únicamente el voto favorable de la diputada de Vox.
Es decir: se puede ser del Partido Popular y decir que no. Se puede poner una línea roja. Se puede decirle a Vox que hay determinadas cosas que no entran en una negociación presupuestaria. Ahora deberá decidir Pablo Ruz si él también puede hacerlo.
Un presupuesto no vale cualquier precio
Entendemos que un alcalde quiera aprobar presupuestos. Entendemos que quiera estabilidad. Entendemos incluso que un gobierno de coalición exige acuerdos y renuncias. Pero existen materias que no deberían negociarse.
Los derechos no son una partida presupuestaria. La dignidad de una persona no puede intercambiarse por unos votos en el pleno. Y la igualdad entre quienes forman parte de una ciudad no debería depender de que un alcalde necesite tres concejales para continuar sentado en su sillón.
Si Vox condiciona las cuentas de Elche a implantar su «prioridad nacional», Pablo Ruz tendrá que responder. Y esta vez no podrá esconderse detrás de Aurora Rodil, será su decisión.
Puede decir que no y demostrar que existen principios por encima de una alcaldía. Puede negociar unos presupuestos buscando otras mayorías. Puede gobernar con cuentas prorrogadas. Puede asumir las consecuencias políticas de plantar cara a su socio.
O puede volver a ceder.
Pero si acepta convertir la «prioridad nacional» de Vox en política del Ayuntamiento de Elche, habrá algo que deberá quedar perfectamente claro: ya no será únicamente una propuesta de Vox. Será también la política de Pablo Ruz.
Y entonces habrá elegido. No entre izquierda y derecha. Sino entre una ciudad que reconoce iguales a sus vecinos y otra que empieza a clasificarlos según de dónde vienen.
